Los nacionalistas bolivianos vimos con indignación como el accidental
gobierno de Luis Arce expidió el Decreto Supremo (DS) 4445 para imponer
-inconstitucionalmente- la “Imagen de Gobierno” y un “Manual de Identidad” por
sobre nuestros símbolos e identidad nacional. “Casualmente” una entidad
castrense en la Capital de la República, Sucre, ya retiró el escudo de
armas.
Para empezar, los
autores intelectuales de tal ilícito, ajenos a elementales nociones de la
Teoría del Estado (Heller, Schmitt, Jellinek et al.), no saben distinguir
Estado de gobierno, y éstos de nación, respectivamente. Doctrinariamente, sólo
el Estado como persona jurídica tiene derechos subjetivos, como el derecho a la
imagen. Y la nación (otro elemento del Estado), entendida como el conjunto de
habitantes que poseen características societales específicas bajo una comunidad
de destino, tiene el derecho subjetivo a la identidad para diferenciarse de
otras en el orbe.
En el caso Bolivia, el derecho a la
imagen del Estado boliviano está consagrado en el Art. 6 par. II de la
Constitución Política del Estado (CPE); y el derecho a la identidad de la
nación boliviana está consagrado en los Arts. 3, 5, 141-143, entre otros, de la
CPE. Concordante con la Ley del 5 de noviembre de 1851, el DS del 14 de julio
de 1888, la Ley del 10 de noviembre de 1961, el DS 27630 del 19 de julio de
2004, el DS 241 del 05 de agosto de 2009, entre otras normas que establecen en
detalle las características únicas e históricas y el uso lícito de nuestros
símbolos patrios.
En cambio, el gobierno es un conjunto de
instituciones, actos y procedimientos que están a cargo de la administración de
un Estado. Y son materializados a través de personas naturales (mandatarios)
que actúan por mandato legal (revocable) otorgado por el pueblo (mandante/su
empleador).
Ergo, los aviesos MASistas no podían
haber expedido un ilegal decreto de “Imagen de Gobierno y Manual de identidad”
para imponer sus aberraciones con alegorías tawantinsuyescas carentes de
fundamento histórico. Pues, como ya lo dejamos sentado, el gobierno (a
diferencia del Estado y la Nación) no posee ningún derecho subjetivo. Así como
nuestro ordenamiento jurídico tampoco permite que los servidores públicos
impriman sus imágenes personales en membretes oficiales, proyectos, obras e
instituciones públicas, porque son simples empleados pasajeros, susceptibles de
cesación o revocatoria.
Por otro lado, también sospechamos que
esa ilícita “imagen de gobierno” habría sido plagiada de trabajos “académicos”
pre-existentes. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés registra una
tesis de grado del autor Heriberto Wilson Quispe Salgado con el título Diseño
arqueológico tiwanacota virtual mediante autómatas celulares (2015). Misma que,
en su acápite “Figura 8. Cuadrado mágico de Tiwanaku” (pág. 17), cita un breve
antecedente de la supuesta “construcción del cuadrado mágico descubierto por
Amaru (1996)”; y que a su vez describe la supuesta “matriz numeral de la
cultura tiwanacota” y “todos sus símbolos numéricos antiguos”.
En adición, según consta en el Boletín
de publicaciones de signos distintivos correspondiente a agosto de 2016 del
Senapi, la publicación N° 187486 del signo “Willka chakana” (género del signo
“marca de servicio”) yace registrada a nombre del titular Elias Quispe Quispe.
¿Acaso el negligente régimen MASista
cuenta con el permiso de los mencionados autores/titulares para haber decretado
la imposición simbólica de su aberrante e ilícita “imagen de gobierno”?
Finalmente, según permite concluir El
primer nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, que es la
más fiable fuente etnográfica del Tawantinsuyo, ni el tal (“fumanchado”)
“cuadrado mágico”, ni la mentada “tetraléctica” (suponiendo que existiera),
pertenecen a las etnias precolombinas quechua, aimarae o guaraní. Peor aún, muy
distinto de lo que afirma el DS, se les recuerda que el vocablo
“Pachakuti” significó para la etnia quechua cataclismo/desgracia (pág. 1091).
¡VIVA LA
REPÚBLICA, NO PERMITIREMOS SUS IMPOSICIONES!
Publicado en Página Siete
