Mientras
los MASistas se distraen inflando la cifra de su “militancia” aparente sin
presentar un binomio presidencial que respete el criterio de paridad de género,
que sea elegible (o que no esté impedido por ley) alternativo al imposible
Evo-Álvaro, desde la ciudadanía ya tenemos propuestas de cara al futuro
inmediato, es decir el #Postevismo.
Para devolverle el protagonismo al ciudadano -afiliado a una
sigla o no y más allá del servicio público-, inicialmente debemos señalar que
la ciudadanía es una situación jurídica -incluyente y general- independiente de
los niveles de instrucción, ocupación o renta, y fundamentalmente tenida que
ver con el ejercicio de los derechos políticos. Empero, su ejercicio en los
hechos va más allá de haber cumplido 18 años, el sufragio electoral o el
ejercicio de funciones públicas.
Tan
es así que, por ejemplo, las naciones y pueblos indígena originario campesinos
tienen el derecho a que su identidad cultural “se inscriba junto a la
ciudadanía boliviana en su cédula de identidad” (Art.30.II.3 CPE). En ese
contexto la ciudadanía también implica sentido de pertenencia e identidad. En
efecto, la CPE consagra categóricamente que:“Son ciudadanas y ciudadanos todas
las bolivianas y todos los bolivianos”.
Ahora
bien, esbozada tal conceptualización proponemos: 1) Romper ‘el monopolio de la
fiscalización parlamentaria’ con el empoderamiento de los ciudadanos ya sea de
forma particular u organizados en sociedad civil interpelante, peticionante y
accionante, a partir de mecanismos que ya están dispuestos en la misma CPE de
2009.
Por
ejemplo, existe el derecho a la petición (Art. 24 CPE que equivale a las
famosas Peticiones de Informe Escrito de la ALP), asimismo se cuenta con una
serie de instrumentos dispuestos en todo el Título de ‘Participación y Control
Social’ (Arts. 241-242 CPE).
Haremos
cumplir la norma ya vigente. Y estos mecanismos de interacción del ciudadano de
forma particular o como sociedad civil organizada, deben funcionar como un
escudo frente al abuso del poder, de una forma más útil y directa que la
clásica división de órganos o poderes.
En
consecuencia, el poder que sobrevenga al evismo deberá convivir con
moderaciones, calibradas desde la sociedad civil, sin excepción alguna. Quienes
los ejerzan lo harán sabiendo que tiene fecha de caducidad (es decir contrario
a la reelección indefinida), y por ello deberán optimizar la ejecución de
políticas de Estado, más no de caudillo, sector o sigla.
2) También proponemos algo trascendental, que es quebrar ‘el
monopolio de la iniciativa legislativa’ que, por ahora, lo detenta el Órgano
Ejecutivo que ha convertido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en una
simple legitimadora de los proyectos de ley que le remiten con informitos (de
aprobación) de sus respectivos ministerios, para que sus Cámaras tan sólo se
sirvan aprobar y sancionar respectivamente por mero formalismo, anulando su
natural iniciativa.
Frente
a ello, se deberá efectivizar la iniciativa legislativa ciudadana que es una de
las formas de ejercicio de la democracia directa y participativa de nuestro
Sistema de Gobierno republicano (Art. 11.II.1 CPE). Paradójicamente esa ruptura
del monopolio de la iniciativa legislativa deberá producirse mediante la
promulgación de una ley que regule los procedimientos de tal iniciativa
ciudadana con la que los ciudadanos puedan presentar y discutir proyectos de
ley que vayan a mejorar, por ejemplo, su acceso y disfrute de los servicios
básicos; siempre en el marco de las competencias de los diferentes niveles de
Gobierno claro está.
Como
se podrá concluir lo propuesto, tan sólo respecto a la ruptura de los
monopolios mencionados (porque también tenemos una propuesta de diseño
territorial alternativo a lo autonómico y a lo federal que lo explicaremos en
otro artículo), implica una inclinación hacia el ejercicio de la democracia
directa y participativa, coordinado con su ejercicio representativo y
comunitario respectivamente.
Publicado en Página Siete
