El tardío Censo que se debería realizar el 23 de marzo del 2024
-idealmente- tendría que brindar, entre otros, certidumbre poblacional sobre
que el 75% aprox. de la población boliviana estaría residiendo en el área
urbana (preponderantemente en el oriente del país). Con una tendencia
ascendente hacia un 90% aproximadamente durante el siguiente lustro.
Empero, como esa realidad poblacional-territorial de la Bolivia
mayoritariamente urbana no le es discursivamente útil al centralismo, estos han
venido saboteando sistemáticamente la ejecución del ejercicio censal
(fundamental para planificar). De hecho, el último Censo debió efectuarse el
año 2010 (no el 2012), pero el centralismo lo postergó como lo hizo con el
actual.
Considerando que el penúltimo Censo Nacional de Población y Vivienda de
Bolivia se efectuó el año 2001 y que, para entonces, estaba vigente la norma
que mandaba a ejecutar los censos todos los años terminados en cero. El
siguiente ejercicio censal debió ejecutarse el año 2010. En efecto, el
centralismo expidió el Decreto Supremo N° 29552 del 8 de mayo de 2008 para
autorizar el inicio de las actividades del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010. Pero, bajo el mismo cálculo político-electoral y para perjudicar
a las regiones, lo pospuso de facto para realizarlo recién el año 2012. Mismo
modus operandi con el que difirieron el último al 2024.
El Censo es un derecho de todos los residentes de esta tierra.
Postergarlo dictatorialmente como hace el centralismo implica uno de los
mayores actos de proscripción y censura; es decir que el Estado no te tome en
cuenta como ciudadano. El Censo va más allá de la estadística. Ya que reafirma
al censado como sujeto de derechos y deberes. Y sus resultados sirven de
criterio para la planificación, la proyección y redistribución de escaños
electorales, recursos, bienes y servicios públicos.
En julio del 2022 el presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que “el
crecimiento de población no implica necesariamente más recursos”.
Anticipándonos otra modalidad de fraude centralista, con tal de seguir
postergando a las regiones.
Dicho lo cual, debemos señalar que si el ejercicio censal del 2024 no se
vuelve a sabotear y en la medida que sus resultados sean transparentes (y no
fraudulentos como los del 2012), en cuanto al componente poblacional, se
tendría que reportar oficialmente esa nueva urbanidad boliviana. Pero no
quedará ahí
Siendo propositivos, a manera de alternativa a la trillada dialéctica
urbano-rural (campo-ciudad), como legisladores ciudadanos planteamos que esos
resultados censales sirvan para planificar una nueva Bolivia metroplitana.
La Región Metropolitana es una especie territorial -del nuevo modo de
Estado compuesto (Trisegmentado) adoptado por Bolivia el 2009-, que nuestro
ordenamiento jurídico define como “espacio territorial continuo de
planificación y gestión” intergubernativa (entre los diferentes niveles de
Gobierno). Con una serie de requisitos constitutivos como continuidad
geográfica, conurbación y otros.
En ese sentido, las dos dimensiones (urbana y rural porcentualmente
resignificadas) convergerían -por interés público- en ésta, llamémosle,
solución supra territorial alternativa a la administración clásica de
departamentos y municipios; con base en el respeto a las libertades
individuales/colectivas. Y en el marco de un nuevo relacionamiento con el nivel
central, priorizando la provisión de servicios básicos metropolitanos.
Bajo esa perspectiva metropolitana se podrían proyectar políticas
públicas, asignar recursos de manera eficiente, pactar fiscalidad pro regional,
y rediseñar electoralmente el mapa; superando esa dañina dialéctica de lo
urbano vs. lo rural. Poniendo mayor atención a datos sobre la fuerza laboral
disponible, necesidades de infraestructura mínimas; a la vez que diseñemos
estrategias de salud pública, identificando patrones epidemiológicos para
determinar la demanda de servicios médicos de forma prioritaria, por ejemplo.
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