Como se ha vuelto
malacostumbre por estas fechas, Bolivia de forma recurrente vuelve a padecer
otra crisis socioambiental, esta vez, de mayores proporciones abarcando más de
4 millones de hectáreas arrasadas por el fuego.
Además de las millones
de hectáreas arrasadas y de los cientos de animales calcinados, esos
ecosistemas tardarán más de 100 años en recuperarse. Esa estimación refleja el
tiempo necesario para que un ecosistema forestal vuelva a un estado similar al
que tenía antes del incendio, en términos de estructura, biodiversidad y
función ecológica. En Derecho Ambiental conocemos que después de un incendio,
un bosque entra en un proceso de 'sucesión ecológica'. Donde las especies
pioneras (como pastos y arbustos, según "piso ecológico") colonizan
primero el área quemada. Luego se establece una vegetación más madura y,
eventualmente, los árboles vuelven a poblarse.
Debe recordarse que tanto
el biocidio como el ecocidio son crímenes imprescriptibles de acción pública
que no ameritan impulso particular ni son transigibles. Estos crímenes son
considerados de alto impacto social, afectando no solo a individuos
específicos, sino a la humanidad.
Ahora, si bien es indiscutible
que se deben adoptar nuevas prácticas ecosostenibles alternativas al uso
cavernícola del fuego para la preparación del cultivo sin destruir el
medioambiente. Que generen bienestar, protejan la biodiversidad que hace a
Bolivia única, y “ayuden a proteger el legado natural de Bolivia” (como dijera
en un spot el alcalde cochabambino Reyes Villa).
No es cierto que el
devastador saldo que están dejando los incendios sean atribuibles al exitoso
modelo de desarrollo productivo cruceño, como pretende instalar el centralismo.
Para empezar, si uno
recurre al archivo histórico de una biblioteca podrá verificar que antes del
año 2006 no se registraron incendios de la magnitud que ahora, y esto se
explica por lo siguiente:
1) Los diferentes
gobiernos que profesaron una ideología “liberal” -en lo macroeconómico- (aunque
con matices) tenían, a diferencia de ahora, mejores formas de armonizar el
desarrollo productivo del agro con el medioambiente (v.gr. Decreto Ley Forestal
General de Bolivia 11686 de 1974, Decreto Supremo 22884 del Reglamento de la
Pausa Ecológica Histórica del Sector Forestal de 1991, Ley Forestal 1700 de
1996).
2) Contando con un
aparato estatal pequeño, a diferencia del hipertrofiado Estado de ahora, los gobiernos
“liberales” eran más eficaces a la hora de controlar el avance de la frontera
agrícola hacia parques o reservas nacionales.
3) Esos gobiernos
“liberales” no pusieron en vigor normativa que favoreciera, paradójicamente, el
descontrolado desmonte e incentivara la impune quema de tierras, como lo hizo
el masismo con la Ley 502 de 2014, Ley 739 de 2015, Ley 740 de 2015, Ley 741 de
2015, Ley 952 de 2017, Ley 1098 de 2018, Decreto Supremo 3874 de 2019, Ley 1171
de 2019, Decreto Supremo 3973 de 2019.
4) Y lo más importante
fue que eso gobiernos “liberales”, a diferencia de la anomia de ahora, evitaban
de mejor forma la descontrolada e incendiaria expansión de sembradíos de la
hoja de coca que, en un gran porcentaje, alimentan al narcotráfico. A la vez
que combatían la instalación de mega laboratorios en áreas de protección
ambiental.
Finalmente, a casi un
año, me reitero en lo denunciado en la columna “EL ESPACIO VITAL CRUCEÑO BAJO
LLAMAS” (El Deber, noviembre de 2023). Ese espacio vital que, en los hechos (a
falta de censo), estaría albergando a más de 4 millones de almas quienes
sustentan el erario público nacional, sigue amenazado por el depredatorio
asalto de “los ajenos”. Esos que llegaron al oriente por la tierra (a impostar
de neo “ganaderos”), por los medios de producción y hasta por el oxígeno; es
decir por la salud y las vidas. En ejecución de una forma de neo colonización
genocida. Esos que son incompatibles; y, clínicamente, producen más daño que
cualquier pandemia.
Publicado en El Deber y Visión
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