¿QUÉ LE OFRECEN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO AL ELECTORADO?

                                             

Publicados los programas de gobierno de las organizaciones políticas en competencia electoral, y por razones de espacio, hemos optado por someter a una valoración de consistencia programática los documentos presentados por las alianzas “Libre”, “Unidad”, así como por los partidos “APB-Súmate” y “MAS-IPSP”. La evaluación la hemos realizado tomando como referencia parámetros del método MARPOR-CMP, que permite codificar cada quasi-sentence dentro de un sistema de categorías mensurables.

Programa de la alianza “Libre”: exhibe una inconsistencia simbólica y doctrinal desde su portada: el uso del verbo “salvar” revela una retórica mesiánica. Esto se irradia también en su propuesta de “Propiedad Popular” (pág. 27) como expresión populista (de corte izquierdoso) disfrazada de “democratización patrimonial”, donde el Estado promete “participación en el propio Estado” sin entregar poder real ni valor económico efectivo.

Programa de la alianza “Unidad”: respecto a las empresas públicas, su enunciado programático “NO las privatizaremos. NO las capitalizaremos. Buscaremos inversionistas, siempre pensando que el control debe estar en manos del Estado” (p. 13) se inscribe claramente en la categoría Sobreestatización al reafirmar la centralidad del control estatal sobre sectores estratégicos. Aunque menciona la búsqueda de inversionistas, la condición impuesta de supremacía estatal delata una desconfianza estructural hacia el mercado, lo que permite vincular esta postura también con la categoría Economía Controlada al sugerir una intervención activa que subordina la lógica privada al poder público, en nombre de una supuesta eficiencia administrada.

Programa del “MAS-IPSP”: el acápite “Control, regulación y retorno de divisas comerciales” representa la continuidad del intervencionismo que encaja con las categorías Monopolio de Estado, Economía Controlada y Oposición al Libre Comercio. Bajo el ropaje de “regulación”, se plantea una estrategia restrictiva que, lejos de corregir desequilibrios, reproduce los males ya conocidos: fuga de divisas, contrabando, desincentivo al retorno de capitales y desconfianza generalizada en el sistema financiero. En términos programáticos, esta propuesta no sólo es regresiva, sino que configura un itinerario hacia la escasez estructural, la informalidad crónica y un colapso cambiario mayor al actual.

Programa de Gobierno de APB-Súmate: traza una pretenciosa hoja de ruta hacia una transformación profunda donde el Estado deja de ser antagonista del mercado para convertirse en socio estratégico y garante de un nuevo equilibrio territorial, priorizando calidad de vida e inserción internacional. Propone siete transformaciones estructurales: jurídica (seguridad jurídica, independencia de órganos, orden público/política criminal de cero tolerancia al crimen), política (reinstitucionalización transversal y Gobierno Abierto), económica (orden cambiario, estabilización monetaria y disciplina fiscal con un BCB independiente), productiva (nuevo Código de Energías, litiodólares, nueva visión agroexportadora), social (reforma educativa y sanitaria con enfoque digital predictivo), territorial (liberación de competencias, nuevo pacto fiscal 50/50, cogobierno multinivel) y moral (intolerancia a la corrupción y al narcotráfico). Se complementa con ejes estratégicos como Gobierno Electrónico, turismo sostenible, interconexión bioceánica (aérea, fluvial, ferroviaria y vial) e Instituto de Fomento al Desarrollo, con un planeamiento territorial de macroregiones por vocación productiva.

Finalmente, con base en los parámetros mencionados, este último Programa proyecta un salto hacia el tecnoliberalismo que combina una economía mixta (gobernanza digital, nuevas formas de ciudadanía priorizando a vulnerables/determinantes sociales, desafíos ambientales y reconfiguración geopolítica), orden, desregulación, reinstitucionalización y una nueva gestión territorial autonómica, transformando la gobernabilidad desde lo subnacional; superando así la obsolescencia de un modelo en fase terminal tras 20 años.

Publicado en Visión 360

CERCO DE BASURA, ¡TERRORISMO BIOLÓGICO!

 

Desde una perspectiva sociológica, el hecho de que un grupo de personas decida voluntariamente habitar en un botadero de basura —como ocurre en torno al vertedero de K’ara K’ara en Cochabamba— trasciende cualquier análisis convencional sobre pobreza o necesidad. Supone la normalización del riesgo: un proceso mediante el cual condiciones objetivamente insalubres, degradantes y peligrosas se integran a la rutina diaria, hasta el punto de perder su carácter de amenaza.

El contacto cotidiano con desechos humanos, residuos hospitalarios, animales en descomposición, lixiviados tóxicos, vectores de enfermedad (moscas, ratas, perros ferales), y vapores fétidos no solo deja de generar rechazo, sino que se convierte en el entorno aceptado e incluso defendido. El riesgo de vivir con lo intolerable ha sido interiorizado y perpetuado, arrastrando consigo a nuevas generaciones que nacen, crecen y mueren sin haber conocido otro horizonte vital que el de la basura como “paisaje”.

Esta realidad configura una distorsión profunda de los marcos culturales de dignidad, salud y humanidad. Ciertamente, algo está profundamente mal en quienes —voluntariamente— aceptan convivir con desechos como forma de vida en base a la ocupación ilegal de predios. Cuando la vivienda se confunde con el vertedero, el hedor se mezcla con el poder, y la miseria es disfrazada de resistencia, se desdibujan los límites entre humanidad y degradación.

En términos clínicos, hasta podría hablarse de un síndrome de deshumanización adaptativa colectiva (SDAC), caracterizado por disociación social —aislamiento o desvinculación del colectivo— y un correlato neurobiológico: la disminución de la actividad en la corteza prefrontal ventromedial, región vinculada a la empatía y la moralidad. Ergo, urge un proceso integral de intervención salubrista y recuperación humana antes de que el impacto sea mayor.

Por otro lado, en estas dos décadas de wiphaleñismo, el botadero de K’ara K’ara se ha convertido peligrosamente en un espacio de agencia política: extorsiones constantes a cambio de conseguir obras públicas, controlar el ingreso, permitir o bloquear el funcionamiento del vertedero se transforma en anómico “poder territorial”, utilizado como herramienta de presión al Estado, sobre todo en su dimensión municipal.

El reciente fallo del Tribunal Agroambiental que autoriza el funcionamiento transitorio del botadero de K’ara K’ara por siete meses más confirma, con dolorosa claridad, que el Estado boliviano ya no administra su territorio, sino que mendiga su gobernabilidad a grupos de presión que se atribuyen el falso “derecho” de cercar ciudades con basura como forma de extorsión socioambiental. Lo que ocurre en Cochabamba no es una “protesta social”: es una modalidad de bioterrorismo urbano, con todas las letras, a la luz del Art. 17, par.II, inc.b) de la Ley N° 400 de 2013. El uso masivo de desechos putrefactos, contaminantes y vectores de infección como herramienta de coerción política y chantaje institucional cumple tipicidad plena. No se trata de una metáfora, sino de una figura penal prevista por el legislador para este tipo de atentados contra la salud pública.

El reciclaje urgente no es solo de residuos, sino de los funcionarios del centralismo que han perdido —o renunciado a— la capacidad de reconocer el terrorismo ambiental en su forma más cruda. La basura que se descompone en las calles es tan tóxica como la cobardía política de quienes, por cálculo o complacencia, permitieron que los desechos se transformen en armas y la población civil en rehén. Mientras tanto, la ciudadanía clama por la aplicación del uso legítimo y proporcional de la fuerza, que el centralismo sigue postergando por miedo o complicidad. 

Publicado en Visión 360 y Los Tiempos