Desde una perspectiva
sociológica, el hecho de que un grupo de personas decida voluntariamente
habitar en un botadero de basura —como ocurre en torno al vertedero de K’ara
K’ara en Cochabamba— trasciende cualquier análisis convencional sobre pobreza o
necesidad. Supone la normalización del riesgo: un proceso mediante el
cual condiciones objetivamente insalubres, degradantes y peligrosas se integran
a la rutina diaria, hasta el punto de perder su carácter de amenaza.
El contacto cotidiano
con desechos humanos, residuos hospitalarios, animales en descomposición,
lixiviados tóxicos, vectores de enfermedad (moscas, ratas, perros ferales), y
vapores fétidos no solo deja de generar rechazo, sino que se convierte en el
entorno aceptado e incluso defendido. El riesgo de vivir con lo
intolerable ha sido interiorizado y perpetuado, arrastrando consigo a nuevas
generaciones que nacen, crecen y mueren sin haber conocido otro horizonte vital
que el de la basura como “paisaje”.
Esta realidad configura
una distorsión profunda de los marcos culturales de dignidad, salud y
humanidad. Ciertamente, algo está profundamente mal en quienes —voluntariamente—
aceptan convivir con desechos como forma de vida en base a la ocupación ilegal
de predios. Cuando la vivienda se confunde con el vertedero, el hedor se mezcla
con el poder, y la miseria es disfrazada de resistencia, se desdibujan los
límites entre humanidad y degradación.
En términos clínicos, hasta
podría hablarse de un síndrome de deshumanización adaptativa colectiva (SDAC),
caracterizado por disociación social —aislamiento o desvinculación del
colectivo— y un correlato neurobiológico: la disminución de la actividad en la
corteza prefrontal ventromedial, región vinculada a la empatía y la moralidad. Ergo,
urge un proceso integral de intervención salubrista y recuperación humana antes
de que el impacto sea mayor.
Por otro lado, en estas
dos décadas de wiphaleñismo, el botadero de K’ara K’ara se ha convertido
peligrosamente en un espacio de agencia política: extorsiones constantes
a cambio de conseguir obras públicas, controlar el ingreso, permitir o bloquear
el funcionamiento del vertedero se transforma en anómico “poder territorial”,
utilizado como herramienta de presión al Estado, sobre todo en su dimensión
municipal.
El reciente fallo del
Tribunal Agroambiental que autoriza el funcionamiento transitorio del botadero
de K’ara K’ara por siete meses más confirma, con dolorosa claridad, que el
Estado boliviano ya no administra su territorio, sino que mendiga su
gobernabilidad a grupos de presión que se atribuyen el falso “derecho” de
cercar ciudades con basura como forma de extorsión socioambiental. Lo que
ocurre en Cochabamba no es una “protesta social”: es una modalidad de bioterrorismo
urbano, con todas las letras, a la luz del Art. 17, par.II, inc.b) de la
Ley N° 400 de 2013. El uso masivo de desechos putrefactos, contaminantes y
vectores de infección como herramienta de coerción política y chantaje
institucional cumple tipicidad plena. No se trata de una metáfora, sino
de una figura penal prevista por el legislador para este tipo de atentados
contra la salud pública.
El reciclaje urgente no es solo de residuos, sino de los funcionarios del centralismo que han perdido —o renunciado a— la capacidad de reconocer el terrorismo ambiental en su forma más cruda. La basura que se descompone en las calles es tan tóxica como la cobardía política de quienes, por cálculo o complacencia, permitieron que los desechos se transformen en armas y la población civil en rehén. Mientras tanto, la ciudadanía clama por la aplicación del uso legítimo y proporcional de la fuerza, que el centralismo sigue postergando por miedo o complicidad.
Publicado en Visión 360 y Los Tiempos
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