NI RENTISTAS VITALICIOS, NI POLÍTICOS FAST FOOD

A 51 días del 17A, aún no existe certeza de que las elecciones se celebren en tiempo y forma, lo que configura el 1° momento crítico del proceso.

El 2° momento crítico es el control electoral efectivo, comenzando por garantizar la digitalización oportuna y verificable de las actas en tiempo real a través del TREP, para evitar manipulaciones en el escrutinio.

El 3° momento crítico será la transmisión del mando presidencial al Gobierno electo. Y si la tendencia irreversible de los resultados se hace evidente, podría exigirse su adelanto hacia fines de agosto, para evitar una prolongación agónica.

Y el 4° momento crítico —posiblemente el más desafiante para el nuevo Gobierno— será conservarse en el poder, ejerciendo el Principio de autoridad y poniendo orden por todos los medios, frente a la amenaza constante de los derrotados que pretendan desconocer la voluntad popular desde la calle.

Dicho lo cual, a diferencia del 2020 en que compitieron 5 organizaciones políticas (MAS, CC, Creemos, FPV y PAN-BOL), ahora serían 10 organizaciones políticas: 5 partidos y 5 alianzas, pero para el presente análisis vamos a versarnos sobre las que tienen mayores oportunidades:

Partidos políticos

-APB-Súmate (Autonomía para Bolivia - Súmate): Manfred Reyes Villa – Juan Carlos Medrano.

Alianzas

-Libre (Demócratas y FRI): Jorge Tuto Quiroga – Velasco.

-Unidad (UN): Samuel Doria Medina – Lupo.

Perceptivamente se tiene que el candidato Quiroga genera aversión en el electorado que busca una alternativa a estos 20 años de latrocinio de izquierda por haber tenido que sucumbir a la imposición del Frente Revolucionario de Izquierda base de su alianza —y simultáneamente de la de CC—. Asimismo, es el único candidato —en edad de jubilación— que (así como Evo Morales), en calidad de ex Presidente del Estado percibe una renta vitalicia de 10 salarios mínimos nacionales -equivalentes a Bs 27.500-, cada mes/Bs 330.000 al año, por no hacer nada productivo, mientras que un esforzado jubilado que hubiere aportado 10 años (como límite inferior) apenas accede a Bs 720 —38,19 veces menos—. 

En el plano programático, una de sus mayores inconsistencias radica en su dependencia de millonarios créditos del FMI, es decir, más deuda para pagar deuda, un modelo tan insostenible como del propio Arcismo.
A ello se suman señales de alarma económica: un riesgo país de 2.109 puntos (JP Morgan), una calificación crediticia “Ca” (Moody’s), que implica alto riesgo de impago, y apenas 44.1 puntos en el Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation), lo que refleja un entorno profundamente restrictivo para la inversión.

En ese contexto, cualquier eventual crédito externo estaría sujeto a condicionalidades draconianas, especialmente en materia de ajuste cambiario y monetario, con desembolsos aprobados a cuentagotas y en plazos que el país ya no puede esperar.

La propuesta de endeudamiento externo masivo promovida por Quiroga es jurídicamente inviable, ya que vulnera el Art. 320.IV de la CPE, que prohíbe expresamente todo condicionamiento externo sobre la política económica del Estado.

En el caso de Samuel Doria Medina (SDM), su imagen empresarial se diluye al quedar asociada a su pasado como ministro liquidador de empresas públicas sin sustento técnico, y vinculado a escándalos mediáticos relacionados con el narcotráfico, el manejo de gastos reservados (al igual que su vicepresidenciable), con los Panamá Papers, entre otros antecedentes que comprometen seriamente su credibilidad.

Un rasgo que comparte con Quiroga es su rol en momentos de genuflexión política ante el MAS. Primero, durante las negociaciones que permitieron la Constitución “Plurinacional” (2006–2009), y luego en la Universidad Católica Boliviana en 2019, donde ambos participaron —junto a la cúpula evista— en las decisiones que facilitaron la exfiltración de Evo Morales y la preservación de la sigla masista, allanando así el camino para su retorno al poder en 2020 y la posterior multicrisis.

En lo económico, SDM —al igual que Quiroga— plantea "buscar otras fuentes de financiamiento" porque, según su Programa, “lo más inteligente que se puede hacer es pedir ayuda” —el equivalente político de la comida fast food servida en bandeja ajena, pero que a la larga solo indigestará al país—, desconociendo los graves indicadores macroeconómicos ya mencionados; y evidenciando una peligrosa dependencia de créditos externos bajo condiciones que el país difícilmente podría afrontar.

Concluyentemente, el votante no elegirá a políticos fast food, ni a rentistas vitalicios, ni al continuismo con más deudas. Bolivia necesita un experimentado líder decidido a poner orden, atraer millones de dólares directamente, romper pactos cómplices y encarar de frente la TRANSFORMACIÓN PROFUNDA. 

Publicado en Visión 360

DE LA ÓRBITA PERIFÉRICA A LA CARRERA ESPACIAL BOLIVIANA

En un momento en que el espacio exterior ha dejado de ser dominio exclusivo de potencias globales y comienza a perfilarse como un escenario de cooperación regional, Bolivia tiene ante sí la oportunidad —y responsabilidad estratégica— de incursionar profesionalmente en la carrera espacial. Esto pasa por reconducir iniciativas regionales existentes o impulsar nuevas, libres de sesgos ideológicos. No se trata solo de mirar al cielo, sino de proyectar nuestro desarrollo tecnológico y económico en una visión compartida de futuro.

Dar ese paso implica mucho más que suscribir convenios simbólicos, requiere una planificación nacional integral que articule lo técnico, lo socioeconómico y lo geopolítico. Bolivia debe dejar de actuar como actor periférico y empezar a posicionarse como un socio con capacidad real de aporte. Para ello, debe superar la precariedad de su limitada experiencia con el satélite “Túpac Katari” y consolidar su verdadero potencial para convertirse en proveedor estratégico de minerales críticos para la industria aeroespacial.

El litio, junto al indio, niobio, tantalio, galio y otros elementos presentes en el subsuelo boliviano, son piezas clave en esta nueva economía del espacio: alimentan baterías, propulsores, sensores y sistemas de telecomunicación. Bolivia no puede seguir atrapada en un extractivismo pasivo y de corto alcance; necesita dar el salto hacia el liderazgo estratégico dentro de la cadena de valor global. Ser proveedor de insumos críticos no solo otorga influencia tecnológica, económica y política en negociaciones internacionales —incluso para incidir en la fijación de precios—, también permite financiar con capital genuino, y no con créditos condicionados, su propia transición energética.

Sin embargo, ningún mineral vale sin capital humano capacitado. Para despegar en esta carrera el país debe asumir una política decidida de formación de especialistas en derecho espacial, astrofísica, ingeniería satelital, meteorología espacial, análisis de datos geoespaciales entre otros. La articulación con universidades, centros de investigación y alianzas público-privadas resulta imprescindible para crear una base nacional de talento que pueda insertarse en proyectos conjuntos de observación terrestre, monitoreo climático, gestión de desastres, conectividad remota y navegación satelital.

En este contexto, el siguiente Gobierno republicano deberá, p.ej., institucionalizar la Agencia Boliviana Espacial (ABE) hoy centrada en apenas servicios comerciales del satélite actual e impulsarla hacia un verdadero programa espacial estratégico. Esto incluye el impulso de nuevos nano satélites —en comunicación, teledetección, meteorología y otras— desarrollados con participación activa del sector privado boliviano e internacional. El objetivo más inmediato deberá ser generar beneficios tangibles como en conectividad para zonas rurales, alertas tempranas ante desastres, vigilancia ambiental, seguridad nacional, optimización del uso de recursos naturales y otros.

Bolivia tiene mucho que ganar, como un acceso compartido a sistemas satelitales avanzados, integración en redes internacionales de datos geoespaciales, oportunidades de innovación y diversificación productiva. Pero, más importante aún, tiene una oportunidad única para redefinir su papel en la región, transitando de receptor periférico de tecnología a actor con voz propia en la gobernanza espacial latinoamericana.

El espacio ya no es el futuro, es un presente (por ahora desperdiciado). Participar en esta nueva etapa de aspiración científica es una estrategia nacional de desarrollo e inserción global. Bolivia posee litio, tierras raras, minerales codiciados en la industria tecnológica y en la carrera espacial global. Pero más allá de los recursos, necesita visión, talento y decisión geopolítica. Ha llegado el momento de levantar la mirada, alinear nuestras capacidades y dejar de ser simples receptores de señales desde el cielo. Bolivia puede —y debe— convertirse en protagonista de su destino orbital. 

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LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL, POR UNA SOLA VEZ

 

Haciendo un breve repaso histórico, la generalidad de los sistemas constitucionales contemporáneos tomó del Derecho Romano el Principio de Responsabilidad. Dicho Principio fue erigido al inicio de la época “republicana” de Roma, para modificar la realidad existente durante la época de la “monarquía”, en la cual los reyes, al ser vitalicio el ejercicio de su cargo, lógicamente eran “irresponsables”. Es decir que, como el final del ejercicio de su cargo (reinado) coincidía con el de su fallecimiento, evidentemente no se les podía atribuir y menos exigir que reconocieran y aceptaran las consecuencias de los hechos que hubieren realizado libremente durante sus reinados, a lo que se denomina “responsabilidad.” (Barrios-Gonzales, 2013)

El Principio de Responsabilidad fue consagrado para el Presidente y Vicepresidente del Estado boliviano en el Art. 87 del texto constitucional de 2005, bajo cuya vigencia Evo Morales fue electo por primera vez, y cuyo mandato debía regirse —por ultraactividad normativa— hasta el 2011, a pesar del “referéndum revocatorio” del 2008 (que en el caso de Morales operó como una suerte de “reelección” indirecta más) y de la reforma constitucional de 2009. Sin embargo, en diciembre de ese año, dicho mandato fue “acortado” (aunque jurídicamente y para la RAE se computara como ejercicio efectivo de un periodo), y años después, mediante una espuria “Ley de Aplicación Normativa”, se forzó la vulneración del par.II de la Disposición Transitoria Primera de la CPE de 2009, que ordenaba computar los mandatos previos a su vigencia. Así se habilitó ilegalmente a Evo Morales para un tercer e ilícito mandato (2015-2020) pese a haber agotado la única reelección permitida desde su elección inicial en 2006. Hasta aquí, cualquier jurista o politólogo —que no se haya alquilado al poder ni padezca de bloqueo cognitivo crónico— coincidiría en que no hay absolutamente nada que discutir.

Sin embargo, para facilitar una comprensión sobre el alcance de esta restricción, conviene examinar el origen y la redacción del actual Art. 168 de la CPE de 2009 (reafirmado por la voluntad popular del 21F/16) —que conservó el histórico Principio de Responsabilidad—, nos remitimos a los criterios de interpretación del Art. 196.II CPE. Cuando se refiere con preferencia a "voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones (')", no discrimina entre informes por mayoría o minoría. Es más, uno se hallará con múltiples voluntades constituyentes (entre 2006-2008) dadas las particularidades del proceso.

Según la voluntad constituyente plasmada en el Informe por Minoría de la Constituyente —tan válido como el otro—, el Art. 6 (Reelección) disponía sabiamente:

"El mandato improrrogable del presidente de la República es de cinco años. El Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurrido cuando menos un período Constitucional."

Es decir que rescataba íncipit el espíritu republicano del Art. 87 de improrrogabilidad limitando la reelección presidencial a: 1) una sola vez 2) de forma discontinua, como doble candado para evitar cualquier angurria eternalista. En contraposición al Informe por Mayoría masista que pretendía una abusiva "reelección consecutiva por voluntad del pueblo", es decir indefinida; instaurando una cuasi “monarquía vitalicia” aunque el “Rey” fuera un corrupto degenerado, en su lógica.

Luego, como resultado del trabajo de los congresistas constituyentes del 2008 para viabilizar la aprobación de la CPE, la actual redacción del 168 CPE, nos sugiere que esta última voluntad constituyente prácticamente desempató a los informes previos, ya que, si bien se conservó la frase “por una sola vez”, se tuvo que ceder a que sea “de manera continua”. Tan determinante es la expresión “por una sola vez” en cuanto al límite reeleccionario, que el Evismo intentó eliminarla —de contrabando— en la pregunta del referéndum que perdió en 2016.

La clave para comprender —de forma pedagógica y sin margen de ambigüedad— que la limitación a la reelección presidencial abarca también la discontinuidad reside en esa expresión “por una sola vez”, una locución adverbial de tiempo con valor restrictivo o modal de frecuencia única, que establece una prohibición absoluta de repetición. En otras palabras, quien ha sido electo Presidente del Estado solo puede aspirar a la reelección (es decir, “volver a ser elegido”, según la RAE) por única vez —se sobreentiende, en toda su vida— y exclusivamente de forma inmediata, descartando cualquier reelección “discontinua”. Aritméticamente, el Art. 168 CPE permite como máximo 10 años continuos en el cargo (5 + 5), límite que, para el orden público constitucional, Evo Morales ya había agotado conforme al cómputo de mandatos anteriores.

Finalmente, desde el constitucionalismo riguroso y el iusnaturalismo racionalista, un derecho político no es un derecho humano propiamente dicho, pues no es inherente a la existencia humana, ni universal, sino condicionado (v.g. mayoría de edad, ciudadanía Art. 144 CPE). Su ejercicio es participativo, reglado (Arts. 32.2 y 23 del Pacto de San José) e incluso puede ser suspendido (Art. 28 CPE). Y la reelección, al ser optativa y no un derecho (OC-28/21), tampoco admite interpretación extensiva ni aplicación del principio de progresividad. 

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