[El inciso k) de la norma electoral establece lo siguiente: “La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral (...) será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años”, dice.]*
Fuera de considerar que son los mismos oficialistas quienes emulan una promoción, una propaganda, y/o campaña electoral -en contra del voto disidente-, que explícitamente induce a sufragar -sí o sí- por alguno de los candidatos, ¿quién coacciona a quién...con la perorata del “voto o cárcel”?
La Ley N. 026 del Régimen Electoral, en el Capítulo II de los “DELITOS ELECTORALES”, en su Artículo 238 (DELITOS ELECTORALES), establece como delito a la “COACCIÓN ELECTORAL”, tipificándola cuando “La servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionada o sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Además, si la autora o el autor fuera funcionaria pública o funcionario público, será sancionada o sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres (3) años.”
Entonces según se permite inferir de lo ut supra citado ¿quiénes son los que COACCIONAN ELECTORALMENTE, ATEMORIZANDO CON CÁRCEL a la ciudadanía boliviana -POR DEFENDER Y EJERCITAR SU SOBERANA LIBERTAD DE EXPRESIÓN-, para que emitan un voto -COACCIONADO- por alguna de las candidaturas judiciales que serán pre-determinadas en la papeleta? En agravante ¿son los COACCIONADORES servidores públicos?
Así mismo el soberano pueblo boliviano -de las grandes mayorías disidentes- está facultado por la Constitución Política del Estado, así como por el ordenamiento jurídico complementario y sub-especie, a ejercitar un "CONTROL SOCIAL" irrestricto sobre todo cuanto el "proceso eleccionario" de autoridades judiciales despierte por su pestilencia. Por tanto si el oficialismo impidiera y/o reprimiera al constitucionalmente consagrado "CONTROL SOCIAL" DE LAS GRANDES MAYORÍAS DISIDENTES, su autoritaria conducta se configuraría contraviniente del orden público, según presupuesta la Ley N. 026, en su Artículo 233 (otras faltas electorales), al (…)h) IMPEDIR EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL.”
En adición la ponzoñosa actitud oficialista también concurre en falta, según lo presupuestado por la Ley N.026, en su Artículo 230 (FALTAS COMETIDAS POR OTRAS SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS), al (…)g) IMPEDIR, OBSTACULIZAR O LIMITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA PRESENTE LEY a favor de las delegadas y los delegados de organizaciones políticas y de otros actores electorales.”
Equivaliendo esos "otros actores electorales" como la gran mayoría soberana que manifiesta su disidencia con respecto del mero voto.
Equivaliendo esos "otros actores electorales" como la gran mayoría soberana que manifiesta su disidencia con respecto del mero voto.
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