En los
últimos días, quienes aún disfrutamos de la estética colonial y republicana de
nuestro país vimos con tristeza y asombro cómo el Gobierno Plurinacional
ejecutaba la destrucción de la Casa Alencastre, declarada Patrimonio Nacional.
Mientras, el falsamente afanado Alcalde paceño, mostrándose “profundamente
sorprendido”, denunciaba su destrucción y anunciaba acciones “protectoras del
patrimonio”, cuando la Casa Alencastre ya había sido reducida a escombros.
El mencionado inmueble, que fue alguna vez propiedad del
seminario San Jerónimo, situado entre las actuales calles Ayacucho y Potosí de
la ciudad de La Paz, fue concluido en 1821, según la inscripción existente en
alguna de sus puertas. En su momento fue calificado como Patrimonio de
Preservación A, según figura en el plano de valoración del “Estudio y
Reglamento para la Preservación del Centro Urbano de la ciudad de La Paz”
(elaborado por la arquitecta Teresa Gisbert en 1995).
Esto en virtud de que, según concluye la ficha de catalogación
de bienes inmuebles (de la Unidad de Patrimonio Tangible y Natural/Dirección de
Patrimonio Tangible y Natural/Oficialía Mayor de Culturas del Gobierno
Municipal de La Paz), la Casa Alencastre era un verdadero monumento, porque
formaba “parte de un grupo de edificios con (…) importancia histórica y
estética (…) donde se han llevado y llevan a cabo acontecimientos que definen
la historia del país (y por ello) ya forma parte de la memoria colectiva de los
ciudadanos”.
Según los expertos, dicho inmueble tenía valor histórico “por
haber sido construido en el primer manzano de la ciudad española completamente
diferente y aislada de la indígena, y en vecindad con el edificio del cabildo
español y la catedral”. Evidentemente, mucha de nuestra historia lo tuvo como
su testigo.
También tenía un enorme valor artístico porque su arquitectura e
ingeniería eran el producto del “encuentro de dos mundos, el hispánico con sus
materiales como la teja, el hierro y su concepción del espacio arquitectónico
con su derivación de la casa grecorromana y el andino con materiales como el
adobe, la paja, también con su propia concepción del espacio, la mano de obra
indígena, y por sobre todo con la topografía y el clima existentes que pueden
modificar cualquier tipología preconcebida”.
Asimismo, a decir de quienes lo valoraron, arquitectónicamente
poseía “elementos de interés, balcones abiertos y cerrados de madera y arcos
rebajados en fachada (...) tres patios con portada interior de calidad con
escaleras de piedra”, los cuales manifiestamente lo hacían un inmueble digno de
preservación y cuidado.
Lo que es más, para los entendidos en la materia, tenía valor
tecnológico incalculable porque les mostraba “ingeniosas soluciones
técnico-espaciales con sus arcos de ladrillo, bóvedas de crucería, muros de
contención, portadas de piedra, etc.”, entre otras tantas cosas. No obstante,
en la época del “métele no más… mis abogados ‘legalizarán’”, fue destruido
totalmente sin contemplación alguna.
Al respecto, legislativamente, la CPE en su Art. 302 (par. I)
dispone que “Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales
autónomos, en su jurisdicción: (…) 16. Promoción y conservación de cultura,
patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal”.
Entonces, una vez acaecida la atroz destrucción de la Casa
Alencastre, a quienes amamos el patrimonio nacional ya solo nos resta
preguntarnos: ¿llegado el momento, a quién se le atribuirá la responsabilidad?
¿Al autor de la destrucción, quien habita transitoriamente en el inmueble
(Palacio) vecino? O tal vez ¿al furibundo “guardián dormido” que mora a escasos
50 metros de la destruida Casa Alencastre, en el Palacio Consistorial?
Publicado en La Razón
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