Por estas
horas el pueblo cruceño se ve obligado a superar los diez días de paro,
resistiendo la violenta afrenta de la dictadura centralista, e irradiando a
diferentes ciudades del país su valentía que hace sentido común nacional.
El centralismo del -todavía-
presidente del Estado, Luis Arce Catacora, jamás tuvo voluntad de ejecutar el
censo en los plazos (noviembre del 2022) que ellos mismos se fijaron en el
Decreto Supremo Nº 4546 del 21 de julio de 2021.
Recapitulando las señales de su falta
de voluntad (o sabotaje):
El 8 de junio del 2022 amagó con
renunciar el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto
Arandia, a cinco meses de tener que realizar el censo en noviembre del 2022.
Con el afán de sabotear el censo.
El 9 de junio del 2022 “renunciaron”
a la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, encargada de llevar a cabo el
censo en noviembre del 2022 y pusieron en su lugar al aprendiz Cusicanqui.
También con la intención de sabotear el censo.
En julio del 2022 decidieron
arbitrariamente postergar la ejecución (sin fecha cierta) del censo para el
(preelectoral) año 2024, imponiendo el Decreto Supremo N° 4760 del 13 de julio
el 2022. Sin explicarle a Bolivia las razones técnicas de tal decisión. Y, en
agravante, sin rendir cuentas del millonario préstamo “N° 5514/OC-BO” de hasta
$us 100 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
“para el Financiamiento del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico
del Estado Plurinacional de Bolivia”. Ni del otro millonario contrato de
préstamo “BOL-35/2022” de $us 40 millones del Fondo Financiero para el
Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) destinado a
financiar “el Proyecto Censo de Población y Vivienda de 2022”. Contratos que habían
suscrito amañadamente, a nombre de Bolivia, para ejecutar el censo el 16 de
noviembre del año 2022.
Luego, tras la simulación de una
serie de reuniones que no fueron “diálogos”, sino pérdida de tiempo, el
centralismo se atascó pidiendo que “se justifique” la propuesta cruceña de
ejecutar el censo durante el primer semestre del 2023. Siendo que su por entonces
ministra de Planificación Mendoza, en julio del 2021, ya había asegurado en
medios de comunicación nacionales que “la cartografía estaría lista en menos de
un año” (Red Uno, julio/21), porque habían “triplicado esfuerzos” para que así
sea. Es decir que realizar el censo antes siempre fue técnicamente viable,
según el mismo centralismo, porque fueron ellos quienes fijaron la fecha para
noviembre del 2022 teniendo que haber previsto técnicamente.
Es más, en abril del 2022 la misma
ministra de Planificación había asegurado que “el avance del censo era del
95%”. Y unos días después repentinamente ese avance declarado “desapareció”,
consumándose el sabotaje.
Con todo esto se prueba que el
centralismo no tiene excusa “técnica” y que solo pretende seguir perdiendo
tiempo sin resolver el conflicto censal con una sola firma en el decreto de
abrogación del DS 4760 que la comitiva interinstitucional cruceña les entregó
listo para ser promulgado.
Ahora en su desesperación de saberse
“con las maletas hechas” -una vez más- para meterse en alguna embajada o ser
recogidos por alguna aeronave extranjera. El centralismo ha concentrado todos
sus esfuerzos en movilizar hordas para atentar contra la ciudadanía, para
avasallar propiedad pública y privada ajena, para cercar genocidamente a la
población cruceña con severa repercusión a nivel nacional.
Entonces. Siendo prácticos, a estas
alturas, lo que uno se podría preguntar es: qué autoridad de la línea de
sucesión constitucional estaría dispuesta a cumplir deberes y ejecutar el censo
durante el primer semestre del 2023, impostergablemente, PARA PACIFICAR EL
PAÍS. Porque Luis Arce no quiere hacerlo, y tal intransigencia solo conduce a
más violencia, luto, carestía y hambre.
Publicado en Página Siete
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