sábado, 13 de julio de 2024

UN BLOQUE POLÍTICO COMO RESPUESTA A LA MULTICRISIS



Para el Derecho Parlamentario, un Bloque Político es un grupo de legisladores que se unen no necesariamente en torno a una misma ideología, sino en función a determinados ejes temáticos para actuar orgánicamente. Esta forma de agrupación puede contener asambleístas que fueron electos por distintas siglas. En efecto, una de sus principales características es que es supra partidaria, lo que facilita su dinámica en el ser de la política (Hegel); en ejercicio pleno de la realpolitik (von Bismarck).

El Reglamento General de la Cámara de Diputados (RGD) que rige el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en su Art. 64, dispone que los Bloques Políticos se constituyen por las Bancadas Políticas entre sí y con otros diputados. Es decir que los asambleístas, sin tener que desconocer las siglas por las que fueron electos, en ejercicio de sus derechos parlamentarios, también pueden conformar Bloques Políticos de mayoría o minoría. Y esta cuantificación se abstrae de la sigla que haya ganado las elecciones generales, porque obedece al criterio de cantidad de asambleístas que conformen el Bloque.

De hecho, en cada legislatura (una gestión) dentro de un mismo periodo constitucional (5 años), la Directiva, las Comisiones y los Comités, en lo posible, deben elegirse en base a una plancha previamente consensuada entre los Bloques de mayoría y minoría (in fine Art. 33 RGD). Y como desde noviembre de 2020 existen tres organizaciones políticas (MAS, CC y CREEMOS) con representación en la ALP, según el criterio del Bloque, incluso asambleístas de CC o de CREEMOS podrían llegar a ocupar la Presidencia, la Primera Vicepresidencia, la Primera y la Segunda Secretarías, presidir nueve Comisiones, así como detentar la mayor cantidad de secretarías de Comités. Ya que como dijimos, la elección obedece al criterio del Bloque y no al de Bancada/sigla que haya ganado las elecciones generales.

Dicho lo cual, recientemente se ha conocido que más de 40 asambleístas (entre titulares y suplentes), con distintos antecedentes políticos, se han organizado como nuevo Bloque Político en torno al Alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Mientras otros actores políticos se pelean descarnadamente, abandonan o fueron incapaces de gestionar a los asambleístas de sus bancadas ab initio. En adición, cabe destacar desde el punto de vista institucional que, este nuevo Bloque posee Agenda Legislativa propia para, fundamentalmente, garantizar proyectos de Ley en materia económica como respuesta inmediata a la galopante multicrisis, ante la ausencia del Vicepresidente del Estado y Presidente nato de la ALP, Choquehuanca. 

Esto ha llevado a algunos a acusar a Reyes Villa de ser "condescendiente con el oficialismo Arcista". Sin embargo, no se percatan de que Reyes Villa, manteniéndose alejado de cualquier extremismo, realiza una oposición no convencional desde su gestión edilicia, obteniendo resultados. A diferencia de otros actores, él actúa como un factor de concordia y no de confrontación. No es casual que represente a la ciudad que conecta el occidente con el oriente del país. Estas y otras razones, como el mejorado índice de calidad de vida (condiciones materiales) de los cochabambinos, reflejado en la creciente aceptación popular de Reyes Villa -con la menor desaprobación en el país-, le otorgan credibilidad para articular gobernabilidad en el Órgano Legislativo, depositario de la soberanía popular, incluso sin ser candidato a la Presidencia.

Finalmente, revisando la historia política, se tiene que recordar que la naturaleza pragmática del nuevo Bloque es similar a la de la denominada "Bancada Patriótica" que durante el 2005 agrupó a varios congresistas (incluidos los del MAS) a la cabeza del senador Franz Barrios Villegas, para darle gobernabilidad al ex Presidente Carlos Mesa y transitar otro escenario crítico que demandaba Constituyente, Autonomías, Ley de Hidrocarburos, elecciones y otros. 

                                                                                                                                                                   Publicado en El Deber 





lunes, 8 de julio de 2024

EL GOLPE QUE NO FUE “2”

 


El Arcismo que no puede revertir el epíteto de fraude sentado a nivel global por el Presidente argentino, Javier Milei, ahora también pretende naufragar su hipótesis en mares académicos desconocidos.

En una conferencia de prensa (03/07) el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, creyó haber explicado “los conceptos doctrinales, jurídicos y académicos” sobre lo que, según él, sería “un golpe de Estado”.

Para empezar, del Castillo no citó autor o teoría alguna con el mínimo rigor académico de las variopintas que existen (ver en Powell, J. y Thyne, C. [2011]; Marsteintredet, L. y Malamud, A. [2019]; Barrios-Suvelza F.X. [2021]; Kelsen [1949]). Tampoco le exigimos que elaborara una teoría propia; que pudo haber sido el caso de cualquier pregrado promedio que no se limitara a leer diapositivas para salvar "raspando" materia con "la mínima".

Empero, para reputar determinados hechos de "golpe", según el actual estado del arte, se deben mensurar, al menos, tres variables: 1) Los perpetradores, 2) el objetivo, y 3) la táctica. (Barrios-Suvelza, F. X. [2021]. El golpe que no fue. La última crisis estatal boliviana y los límites del concepto de golpe de Estado. Revista de Estudios Políticos)

Examinados los sucesos del 26/6 bajo esos parámetros, tanto por los Perpetradores (militares) como por la Táctica (operaciones militares), -prima facie- sugeriría ser un "golpe". No obstante, verificando del Objetivo la subvariable 'Orden Legal Parcial' -entendido como «ciertas normas de significación política preponderante» (Kelsen)-, este sigue sin existir en Bolivia porque se ha quebrado antes.  

Es decir, técnicamente, no hay orden “que golpear” (desde antes el 2019), si en la actualidad padecemos un Estado DE FACTO en lugar de uno de Derecho. Empeorado en los últimos años de Arcismo con eventos como la ilícita autoprórroga de ex magistrados judiciales en ejecución de un “legalismo autocrático”, y el sometimiento fáctico del Órgano Legislativo (que es la mayor expresión democrática de la voluntad popular).

Retomando el análisis de la variable Táctica, si el Gobierno confesó haber conocido los planes con meses de anticipación (desde mayo), sin reacción preventiva/correctiva, esto implica consentimiento tácito o inacción estratégica. Agravado si como Ejecutivo también consintieron que Zúñiga públicamente se autopercibiera "General del pueblo" en lugar de destituirlo inmediatamente; pre sabiendo su frondoso prontuario delictual que le impedía siquiera ocupar el cargo.

Por otro lado, resulta alarmante el contacto que tuvo el alto mando policial con los perpetradores militares. El propio Presidente del Estado, Luis Arce, en conferencia de prensa (27/07) declaró que el 26/06 recibió un parte oficial del Alto mando policial in situ, en el que le informaron haber tomado contacto previo con los generales perpetradores y conocer sus intenciones (rectius haber sido seducidos). Y tampoco hicieron nada; o dejaron ex profeso que la incursión militar avanzara, que es igual o peor a que se le sumaran activamente.

Por todo esto podemos volver a concluir que, objetivamente para la ciencia jurídica y política actual, se trata de otro 'golpe que NO fue' (más cantinflesco) al no haberse cumplido las variantes de Objetivo y Táctica.

Finalmente, en términos comunicacionales la siguen “embarrando” porque como el Arcismo -sin sigla- no pudo posicionar mediáticamente su relato a nivel nacional menos internacional, en su impotencia comete el error de seguir peleando con su ex jefe y Presidente del MAS-IPSP, Evo Morales en lugar de convencerlo. Lo que agrava el descrédito de su versión sobre lo que pasó el 26/06, dándole pie a que el Presidente Milei siga manifestándose a escala global cada vez que como Gobierno lo aluden. 

                                                                                                                                                                        Publicado en Visión 360

 


viernes, 5 de julio de 2024

ADELANTAMIENTO DE ELECCIONES

 

Se avecinan tiempos en los que la multicrisis (socioeconómica, energética, judicial, política y cultural -de fin de ciclo-) que provocó el Arcismo -SIN SIGLA/NI RELATO- arrecie por su negligencia y angurria prorroguista, por presión social de un pueblo empobrecido peor que en la pandemia, y por la ambición reeleccionista del Evismo residual.

A la fecha, Bolivia atraviesa escasez de dólares (multiplicidad de tipos de cambio paralelo), múltiples restricciones, reducción de exportaciones, militarización de los mercados, mentiras sobre el abastecimiento de combustibles e inflación exponencial en los precios de la canasta familiar. Mientras el feble Bs. que ha sido sobre emitido, se deprecia cada día más, y las Reservas Internacionales que deberían respaldarlo siguen agotándose. Lo que es motivo de convocatoria de diferentes sectores empobrecidos para que asuman medidas de presión.   

Sumado a este catastrófico escenario, el Arcismo persiste con sabotear el proceso de preselección judicial desconociendo la sesión que lo recondujo, en manifiesto golpe al Legislativo. Siendo que desde el 31.12.23 los principales tribunales de justicia (ordinaria, constitucional y agraria) y el Consejo de la Magistratura han quedado en acefalía provocando la más grosera inseguridad jurídica (con nulidades sobrevinientes) de la historia boliviana. Y lo peor, esas instituciones republicanas han sido usurpadas DE FACTO por particulares quienes no pueden ejercer jurisdicción ni competencia porque no cuentan con una Ley habilitante.      

Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) volvió a ampliar (por quinta vez) la fecha para que las organizaciones políticas renueven sus directivas hasta el 5 de septiembre de este año, en el fondo, por no tomar una decisión final sobre la situación electoral del “MAS-IPSP”. Que, si se actuara en Derecho, EL TSE DEBERÍA SALOMÓNICAMENTE RESOLVER LA CANCELACIÓN DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA POR INCUMPLIMIENTO. Para que tanto los candidatos por ahora “Arcistas” como “Evistas” (sin Evo Morales que no puede por prohibición constituyente, convencional, constitucional y legal) compitan democráticamente con otras siglas.  

Asimismo, el TSE anunció que, por cuestiones de calendario electoral, las elecciones tendrían que celebrarse en agosto de 2025 considerando la segunda vuelta. Por lo que convocó a las organizaciones políticas con personalidad jurídica vigente, a personeros del Ejecutivo y del Legislativo al “Primer Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia” a realizarse el 10 de julio.

En ese contexto, el TSE y los demás, en aras de evitar mayor escalda conflictual por irresolución, deberían considerar adelantar democráticamente las elecciones en dicho “Encuentro”.

Como válvula de escape a la presión multisectorial, este adelantamiento democrático sería justificable en la medida en que el Gobierno de Arce HA AGOTADO SU LEGITIMIDAD DE EJERCICIO, por ignorancia macroeconómica y escándalos de megacorrupción con recursos públicos que involucran a parásitos clanes familiares. Además, al cogobernar con tribunales DE FACTO, militares y policías obsecuentes, ha traicionado su legitimidad de origen deslegitimándose por completo.

Desde la Teoría del “Contrato social” o del mandato jurídico, el pueblo mandante, en ejercicio de la soberanía directa (Art. 7 CPE) y legítima defensa, tiene derecho a volver a elegir cuanto antes, frente a tamaña deslegitimación. Ya que dejar pasar más tiempo significaría un elevado coste social más empobrecedor, luto, y peor daño económico a un Estado quebrado y sobre endeudado. 

Finalmente, este adelantamiento democrático supondría que el TSE resuelva de una vez sobre la situación jurídica del MAS-IPSP; que se eliminen las Primarias; y, tentativamente, se tengan que llevar las elecciones generales de forma simultánea junto a las Judiciales y a las Subnacionales, por cuestiones de presupuesto/calendario. Para darle certidumbre a la población con nuevas autoridades electas que asuman el desafío de resolver la multicrisis.