Se avecinan tiempos en los que la
multicrisis (socioeconómica, energética, judicial, política y cultural -de fin
de ciclo-) que provocó el Arcismo -SIN SIGLA/NI RELATO- arrecie por su negligencia
y angurria prorroguista, por presión social de un pueblo empobrecido peor que
en la pandemia, y por la ambición reeleccionista del Evismo residual.
A la fecha, Bolivia atraviesa escasez de dólares (multiplicidad
de tipos de cambio paralelo), múltiples restricciones, reducción de exportaciones,
militarización de los mercados, mentiras sobre el abastecimiento de
combustibles e inflación exponencial en los precios de la canasta familiar. Mientras
el feble Bs. que ha sido sobre emitido, se deprecia cada día más, y las
Reservas Internacionales que deberían respaldarlo siguen agotándose. Lo que es
motivo de convocatoria de diferentes sectores empobrecidos para que asuman
medidas de presión.
Sumado a este catastrófico escenario, el
Arcismo persiste con sabotear el proceso de preselección judicial desconociendo
la sesión que lo recondujo, en manifiesto golpe al Legislativo. Siendo que desde
el 31.12.23 los principales tribunales de justicia (ordinaria, constitucional y
agraria) y el Consejo de la Magistratura han quedado en acefalía provocando la más
grosera inseguridad jurídica (con nulidades sobrevinientes) de la historia
boliviana. Y lo peor, esas instituciones republicanas han sido usurpadas DE
FACTO por particulares quienes no pueden ejercer jurisdicción ni competencia porque
no cuentan con una Ley habilitante.
Por otro lado, el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) volvió a ampliar (por quinta vez) la fecha para que las
organizaciones políticas renueven sus directivas hasta el 5 de septiembre de
este año, en el fondo, por no tomar una decisión final sobre la situación
electoral del “MAS-IPSP”. Que, si se actuara en Derecho, EL TSE DEBERÍA
SALOMÓNICAMENTE RESOLVER LA CANCELACIÓN DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA POR
INCUMPLIMIENTO. Para que tanto los candidatos por ahora “Arcistas” como “Evistas”
(sin Evo Morales que no puede por prohibición constituyente, convencional, constitucional
y legal) compitan democráticamente con otras siglas.
Asimismo, el TSE anunció que, por
cuestiones de calendario electoral, las elecciones tendrían que celebrarse en
agosto de 2025 considerando la segunda vuelta. Por lo que convocó a las organizaciones políticas con personalidad
jurídica vigente, a personeros del Ejecutivo y del Legislativo al “Primer
Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia” a realizarse el
10 de julio.
En ese contexto, el TSE y los demás, en aras de evitar mayor escalda
conflictual por irresolución, deberían considerar adelantar democráticamente las
elecciones en dicho “Encuentro”.
Como válvula de escape a la presión multisectorial, este adelantamiento
democrático sería justificable en la medida en que el Gobierno de Arce HA
AGOTADO SU LEGITIMIDAD DE EJERCICIO, por ignorancia macroeconómica y escándalos
de megacorrupción con recursos públicos que involucran a parásitos clanes
familiares. Además, al cogobernar con tribunales DE FACTO, militares y policías
obsecuentes, ha traicionado su legitimidad de origen deslegitimándose por
completo.
Desde la Teoría del “Contrato social” o del mandato jurídico, el pueblo mandante,
en ejercicio de la soberanía directa (Art. 7 CPE) y legítima defensa, tiene
derecho a volver a elegir cuanto antes, frente a tamaña deslegitimación. Ya que
dejar pasar más tiempo significaría un elevado coste social más empobrecedor,
luto, y peor daño económico a un Estado quebrado y sobre endeudado.
Finalmente, este adelantamiento democrático supondría que el TSE
resuelva de una vez sobre la situación jurídica del MAS-IPSP; que se eliminen
las Primarias; y, tentativamente, se tengan que llevar las elecciones generales
de forma simultánea junto a las Judiciales y a las Subnacionales, por
cuestiones de presupuesto/calendario. Para darle certidumbre a la población con
nuevas autoridades electas que asuman el desafío de resolver
la multicrisis.
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