EL REFERÉNDUM NO ES UNA ALTERNATIVA RESPONSABLE

 

Bajo el actual escenario de multicrisis, el hecho de que el Arcismo haya decidido imponer en la agenda la realización de un referéndum inconstitucional, dispendioso y con preguntas mal redactadas. Además de ser un pobre distractivo, es señal inequívoca de que su incapacidad se ha precipitado abruptamente a punto de dejar el Gobierno. 

Diseccionando las preguntas (que fueron observadas) del referéndum se tiene:

Pregunta 1.- a) Encubre una modificación inconstitucional de la CPE violando el procedimiento dispuesto por voluntad del Constituyente en el Art. 411.II; b) delega ilícita atribución “interpretativa” al votante (lego en su mayoría), con indirecta modificación constitucional de las atribuciones del TCP y ALP; c) la respuesta positiva (Sí), está predispuesta para favorecer al dictador depuesto E. Morales quien NO puede volver a repostular jamás a la Presidencia ni Vicepresidencia del Estado por prohibición convencional y constitucional.

Preguntas 2 y 3.- a) Encubren ilícita transferencia de competencias privativas -contra legem- del Ejecutivo al votante; b) encubren la quiebra económica del Estado causada por la dictadura MASista durante 18 años; c) encubre la ilícita transferencia de responsabilidad del Ejecutivo al votante, por la quiebra del fallido Estado "Plurinacional"; d) la respuesta positiva (Sí), constituiría falsedad ideológica puesto que, sin sustento en la evidencia científica económica, atribuiría la “escasez de dólares” sólo a la subvención y el contrabando, en vez de a la irresponsable depredación del BCB realizada por la autocracia MASista.

Pregunta 4.- a) Encubre modificación inconstitucional de escaños violando competencia privativa de la ALP; b) evita ex post facto las consecuencias políticas/jurídicas del resultado censal -que debe oficializarse en septiembre-. En suma: el Arcismo -sin sigla- no quiere cumplir las consecuencias del censo. Y para peor, tras haber quebrado al Estado, el Arcismo “ofrece” irresponsablemente aumentar el número de asambleístas (es decir aumentar el ya billonario gasto corriente inútil), siendo que actualmente ni siquiera pueden pagar los salarios de los cientos de miles de funcionarios públicos que prohíjan.

Recientemente, el ministro de Justicia, Manolo Lima, reculando a sus intenciones iniciales, afirmó que “después de la respuesta que vaya a dar el pueblo se modificaría la CPE”. Suponemos, porque fue incapaz de explicarse jurídicamente, activando el procedimiento previsto en el Art. 411.II CPE. 

Entonces, se tiene que de inconstitucional su referéndum pasó a gasto inútil. Ya que, si no gana el "Sí" o no hacen respetar su resultado como en el pasado, se habrán perdido nuevamente millones de Bs que faltan en salud, alimentación, entre otros. Por otro lado, de ganar el "Sí", nada garantiza que los asambleístas presenten el PL y lo traten en la ALP si ni siquiera sesionan regularmente. Y si finalmente es aprobado, por 2/3 de la ALP, tendría que haber otro referéndum aprobatorio según el Art. 411.II CPE, suponiendo doble y millonario gasto adicional.

Si bien una de las formas de la democracia reconocida por nuestro ordenamiento es la "directa y participativa" por medio del referendo, entre otras figuras. Esta forma democrática NO es absoluta o abierta a lo que fuere. Se debe precisar que, jurídicamente, existen materias que expresamente no pueden ser sometidas a referendo (Art. 14 Ley 026), tales como las bases fundamentales del Estado (v.gr. procedimientos de reforma de la CPE), competencias privativas (v.gr. redistribución de escaños por el Legislativo, reforma parcial de la CPE/en una de sus formas por el Legislativo, política de subvención de hidrocarburos por el Ejecutivo).

Finalmente. Desde el punto de vista de la Ciencia Política, someter cualquier materia a referendo hace que decisiones complejas y de contenido altamente técnico se banalicen. Resultando en políticas que no abordan adecuadamente los problemas subyacentes; máxime en sociedades poco informadas e instruidas.

Publicado en Visión 360

 

PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN INDEFINIDA NO REQUIERE REFERÉNDUM

Con motivo de la efeméride patria del 6 de agosto, el Presidente del Estado Luis Arce efectuó una serie de anuncios. Desde la convocatoria a un “diálogo nacional”, pasando por programas, reducciones, liberaciones, la introducción de nuevas gasolinas y la convocatoria a un Referéndum para definir sobre la subvención de los hidrocarburos, los escaños parlamentarios y la reelección continua o discontinua presidencial, respectivamente.

Para empezar, la introducción de las nuevas gasolinas “Premium Plus” (Bs. 5,71 por litro) y “Ultra Premium 100” (Bs. 6,73 por litro) no es sino la imposición de un burdo gasolinazo por sustitución. Ya que, sin control alguno, el Estado centralista podrá hacer escasear la “gasolina especial” forzando la compra de las “nuevas” gasolinas a precios encarecidos y sin que se certifique la calidad real de sus octanajes.

Por otro lado, respecto a la distribución de escaños, se debe recordar que esta es una competencia privativa del nivel central de Gobierno bajo determinados criterios -numeros clausus- (Art. 146.V-VI CPE), Por lo que no puede ser sometida a referéndum por expresa exclusión de la Ley 026 de 2010 (Art. 14.h).  

Ahora bien, respecto a la pregunta sobre la reelección continua o discontinua presidencial, se debe distinguir el Art. 168 CPE (que se pretendería reformar con referendo), del procedimiento (rígido) de reforma -parcial- de la Constitución (411.II). Y que pretenden violar con sus autoprorrogados para fingirle a Arce una tercera iniciativa mediante Decreto Supremo.

Sobre este tópico de los procedimientos de reforma constitucional, debemos señalar que la literatura especializada los clasifica en “flexibles” y “rígidos” según la facilidad con la que se pueden realizar las modificaciones. A saber:

El procedimiento flexible es aquel en el que las reformas se pueden realizarse incluso siguiendo el mismo procedimiento legislativo ordinario que se emplea para aprobar leyes comunes. Al ser menos rígidos se tiende a creer que permiten una adaptación más dinámica a los cambios sociales.

En contraste, los procedimientos de reforma constitucional rígidos requieren de un proceso más complejo, a menudo implicando una mayoría calificada en el Órgano Legislativo, referéndums, o la participación de otros órganos (como el Electoral). Esta rigidez busca asegurar que las reformas se realicen con, sobre todo, un amplio consenso. Para evitar cambios precipitados, garantizando así relativa estabilidad y continuidad constitucional en el tiempo.

En el caso boliviano, desde la adopción del texto constitucional de 2009 se puede afirmar que, por los requisitos exigidos en las dos formas de reforma constitucional, tanto la Total como la Parcial (Art. 411 CPE), los procedimientos de reforma se pueden catalogar como rígidos. Específicamente en el caso de la reforma parcial (Art. 411.II CPE), esta contempla dos únicas iniciativas: la popular y la Ley de la ALP con sus respectivos sub requisitos. Y al estar dispuestas en la CPE no existe posibilidad jurídica alguna para que el Arcismo, por medio de sus autoprorrogados, fuerce una tercera iniciativa Presidencial. Ya que, para modificar el procedimiento de reforma constitucional, necesariamente se requiere de reforma Total de la CPE a través de una “Asamblea Constituyente”.

Adicionalmente se debe recordar que la prohibición de reelección indefinida NO está en discusión desde la Constituyente (2006-2008), donde ya se la evitó. Logrando la actual redacción del Art. 168 CPE que permite sólo una reelección continua -es decir sin posibilidad de discontinuas-, cuyo límite fue ratificado por el resultado vinculante del 21F y, a nivel convencional, por la Opinión Consultiva 28/21.

Finalmente convocamos a los asambleístas a que, en ejercicio de su facultad interpretativa de la CPE (Art. 4.III Ley 027 de 2010), presenten una “Ley de Aplicación Normativa” para perfeccionar la redacción del Art. 168 CPE y sus alcances, sin necesidad de referéndum ni de control de constitucionalidad. 

                                                                                    Publicado en El Deber

AUTORITARISMO COMPETITIVO O “ELECCIONES” SIN DEMOCRACIA

                               

Millones de espectadores regionales y, especialmente, venezolanos tanto dentro de Venezuela como en el exilio habían puesto sus esperanzas en que las recientes elecciones generales del 28.07.24 podrían poner fin a 25 años de Castro-Chavismo en su “variante madurista”. Este régimen ha estado plagado de escándalos de megacorrupción, narcotráfico, persecución política, terrorismo, entre otras degradaciones. Desde Bolivia, basándonos en nuestra experiencia actual, podíamos pronosticar que un perfil de dictador como Nicolás Maduro difícilmente respetaría un resultado que no le fuera favorable y que tampoco dejaría el poder democráticamente.

Para empezar, el Madurismo proscribió a la candidata María Corina Machado, con mayores posibilidades electorales de victoria desde Henrique Capriles. Y luego volvió a vetar a su sustituta, Corina Yoris, de la forma más absurda. Por lo que se tuvo que optar por Edmundo González Urrutia.

Otro síntoma más estructural fue que el régimen de Maduro impuso múltiples condiciones para evitar que los 5,2 millones de venezolanos en el exterior (que migraron a partir de 2014 debido a la multi crisis socioeconómica y política) pudiesen habilitarse para votar. Sabiendo que quienes dejaron Venezuela serían votantes potencialmente opositores. El Consejo Nacional Electoral (CNE) contaminado políticamente había anticipado que, de ese universo de venezolanos en edad para votar, apenas “69.211 habían sido habilitados”; y que de estos tan solo “6.528 pudieron inscribirse y actualizar sus datos en el Registro Electoral para votar en el exterior.” (Infobae, 2024)

Luego, ya en vísperas el candidato a la reelección Maduro había infundado temor a la población sentenciando que “habría un baño de sangre” de llegar a perder.

El día de la “simulación electoral” llegó. Cientos de venezolanos habían pernoctado haciendo filas para poder sufragar temprano, y en las primeras horas se difundía una apócrifa encuesta a boca de urna de una empresa fantasma que daba un ficto “55%” a Maduro y un “34%” a González, y que los ex Presidentes Evo Morales y Rafael Correa habían reposteado en sus cuentas en la plataforma X de forma coordinada. Dichos porcentajes no fluctuaron mucho de los que finalmente su CNE anunció al “80 %” del escrutinio muy entrada la noche, y ante una ola de denuncias por parte de los testigos electorales de oposición que fueron violentamente expulsados de los recintos cuando la tendencia era favorable a González y se cortó la transmisión de datos.

Sumado a esto, el Jefe del Comando de Campaña de “Venezuela Nuestra”, Jorge Rodríguez, si bien no podía anunciar resultados antes que lo hiciera la CNE, había sonreído, indicando con ello que preconocían que llevaban “ventaja” pese a los datos de la oposición. Y, por si fuera poco, el otro alto dirigente Chavista, Diosdado Cabello, había deslizado que no reconocerían la victoria de la oposición.  

Finalmente, denominé “simulación electoral” porque estos dictadores si bien usan las formas de la democracia como son las elecciones para llegar al poder político, luego no se los puede botar votando democráticamente por su angurria eternalista. 

Autores como S. Levitsky llaman a este comportamiento simulado “autoritarismo competitivo”. Que es un régimen político en el que, aunque existen elecciones y algunos elementos que dan apariencia democrática, las condiciones no son justas, equitativas ni transparentes. Los gobiernos de estos regímenes utilizan el control sobre los medios de comunicación, la manipulación de las instituciones electorales y otras tácticas para reproducir su corrompido poder y asegurarse de que la oposición no pueda competir en igualdad de condiciones. Este tipo de sistema se caracteriza por la presencia de elecciones aparentes, pero en la práctica están diseñadas para favorecer a quienes detentan el poder; limitando/anulando la capacidad de la oposición para ganar y, por lo tanto, perpetuando así un régimen autoritario, vitalicio y vicioso. 

                                                                                                              Publicado en El Deber