CARLO ACUTIS: EL INFLUENCER MILLENNIAL CON SENTIDO ENTRE LO BANAL

 

El Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, es una solemnidad en la que la Iglesia glorifica a todos los santos, conocidos y anónimos, que gozan de la presencia de Dios en el cielo. Es el día de la communio sanctorum, vínculo espiritual que une a la Iglesia peregrina en la tierra con la triunfante en el cielo. En esta fecha se recuerda a quienes “lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero” (Ap 7:14), pidiendo su intercesión para perseverar en la santidad, conforme al mandato divino: “Sed santos, porque Yo soy santo” (Levítico 11:44-45/ 1 Pedro 1:16).

La fiesta, consolidada por el Papa Urbano IV en el siglo XII, tiene raíces en las primeras celebraciones dedicadas a los mártires. En la Edad Media, se unió espiritualmente al Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), instituido en el siglo X por el abad Odilón de Cluny para orar por las almas del purgatorio. Así, la Iglesia abrazó en dos días consecutivos la memoria de los santos glorificados y la súplica por quienes aún esperan la plenitud eterna, invocando la protección celestial con frases como Ora pro nobis y el himno Sanctus.

Con el paso del tiempo, la tradición adquirió matices populares: en España y América Latina, las visitas al cementerio y las ofrendas familiares mantienen viva la memoria de los difuntos; en Bolivia y México, la celebración se fusionó con raíces indígenas dando origen al “Día de Muertos”, expresión de fe y cultura. Hoy, Todos los Santos sigue siendo jornada de reflexión y esperanza, distinta de celebraciones seculares como Halloween, que perdió su sentido espiritual original.

Entre septiembre y octubre del año 2025 en la era de nuestro Señor, el Papa León XIV presidió en la Plaza de San Pedro las canonizaciones de nueve nuevos santos, confirmando la vigencia de la santidad como vocación universal. El 7 de septiembre, fueron elevados a los altares Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, símbolos de una juventud cristiana que une fe y acción: Acutis, “el influencer de Dios”, evangelizó mediante la tecnología; Frassati encarnó las bienaventuranzas con su compromiso social y amor por los pobres.

El 19 de octubre, León XIV canonizó al abogado Bartolo Longo (se reconocen al menos entre 25 y 30 santos y beatos con formación o ejercicio en el Derecho, por cierto), converso y apóstol del Rosario; Ignazio Maloyan, arzobispo mártir del genocidio armenio; Peter To Rot, catequista mártir en Papúa Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora de las Hermanas de la Misericordia; María Carmen Rendiles Martínez, primera santa venezolana; María Troncatti, misionera salesiana en Ecuador; y José Gregorio Hernández, “el médico de los pobres”.

Inter eos, Carlo Acutis destaca como el primer santo millennial. Nacido en 1991 y fallecido en 2006 a los 15 años, convirtió su pasión por Internet y los videojuegos en instrumentos de evangelización, creando sitios web sobre milagros eucarísticos y difundiendo la devoción al Santísimo. Beatificado en 2020 en la basílica de San Francisco de Asís (Italia) y canonizado en 2025, su ejemplo demuestra que la santidad puede florecer incluso entre pantallas y redes. Por eso es el influencer con más sentido entre lo banal, recordando su frase inmortal: “Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias.”

Su tumba en Asís recibe hoy a miles de peregrinos, testimonio de una Fe que trasciende generaciones y demuestra que el llamado a la santidad no pertenece al pasado, sino al presente de cada alma que ama, sirve y cree. Desde ese lugar sagrado, su figura recuerda también el rol eterno de los santos como intercesores ante Dios, mediadores espirituales que acompañan y fortalecen la fe del pueblo cristiano. Ellos no sólo inspiran con su ejemplo, sino que interceden por los fieles en sus luchas cotidianas, mostrando que la comunión de los santos sigue viva y actuante en la historia de la Iglesia. 

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COGOBIERNO: DIOS, FAMILIA Y PATRIA

 

De acuerdo con los datos preliminares —aún no oficiales— del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) difundidos por el Tribunal Supremo Electoral la noche del 19 de octubre de 2025, Rodrigo Paz (PDC) resultó ganador del balotaje con 54 % de los votos, superando a Tuto Quiroga (LIBRE), quien obtuvo 45 %, según el conteo rápido al 97,8 %.

Paz ratificó así la ventaja obtenida en la primera vuelta, cuando alcanzó el 32,06 % de los votos válidos (1.717.432 sufragios) frente al 26,70 % (1.430.176 votos) de su principal contendiente. En el balotaje, amplió su margen a una diferencia de 9,2 puntos porcentuales. Desde una perspectiva territorial, puede concluirse que el peso demográfico de la votación válida en los departamentos de La Paz (65,6 %) y Cochabamba (61,1 %) resultó determinante para consolidar la victoria nacional de Paz.

De acuerdo con los resultados preliminares del SIREPRE, el candidato Rodrigo Paz obtuvo mayoría en seis departamentos, mientras que Tuto Quiroga prevaleció únicamente en tres. El senador tarijeño consolidó su victoria con un amplio respaldo en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Pando, en tanto que el exmandatario logró imponerse únicamente en Santa Cruz, Tarija y Beni. Lo que podría redefinir proyecciones de cara a las elecciones subnacionales de 2026.

Si bien es cierto que, a diferencia de la primera vuelta, la difusión de los resultados preliminares por parte del TSE careció de la prolijidad esperada —generando legítimas susceptibilidades que se trasladaron de las redes sociales a las calles en algunas ciudades—, Quiroga reconoció y felicitó públicamente la victoria de Paz.

Más allá del resultado electoral y de los porcentajes obtenidos, Bolivia enfrenta una multicrisis wiphaleña que no admite triunfalismos ni lecturas partidistas.

De cara al nuevo periodo gubernamental, la correlación de fuerzas en el Órgano Legislativo se erige como un antecedente decisivo para comprender los desafíos de la gobernanza nacional. En el Senado, la representación queda distribuida entre PDC (16 escaños), Libre (12), Unidad (7) y Súmate (1); mientras que, en la Cámara de Diputados, el PDC controlará 49 curules, seguido de Libre (39), Unidad (26), Alianza Popular (8), MAS (2), Súmate (5) y el Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate (1).

Esta composición plural exige un auténtico ejercicio de cogobierno, entendido no como reparto de cuotas, sino como una necesidad histórica de concertación republicana bajo responsabilidad compartida. En un contexto marcado por la escasez, la incertidumbre y la tensión social, el nuevo Ejecutivo deberá garantizar:

1.    Gobernanza en el Congreso, a través de acuerdos estables y mayorías funcionales; y

2.    Gobernabilidad en las calles, mediante el diálogo social y la responsabilidad institucional.

Solo un “covenant” republicano (un acuerdo moralmente vinculante entre las fuerzas políticas) podrá reconstruir el orden institucional y reafirmar la Nación sobre sus fundamentos cívicos y morales. En esa línea, el presidente del Bicentenario, Rodrigo Paz, en su discurso de victoria, tendió la mano a todas las organizaciones políticas, convocándolas a un tiempo de reconciliación nacional.

Finalmente, con el veredicto de las urnas se cierra el ciclo más nefasto de la historia política de Bolivia. El “Movimiento al Socialismo”, junto a sus diversas variantes —Evismo, Arcismo y otras—, ha perdido el poder formal y material que sostuvo durante dos décadas bajo el disfraz del llamado proceso de cambio, degenerado en un “Estado Pluricártel” que amenaza la seguridad interna y la soberanía nacional.

A la par, se desvanece el mito de que el bloque nacional popular era patrimonio exclusivo de la izquierda radical. En esta segunda vuelta, el pueblo ha hablado con claridad, empero permanece abierta una pregunta de hondura histórica:

¿Es este el simple fin de un ciclo o el albor de un nuevo sujeto político, capaz de reconciliar a la República con su destino y restaurar su espíritu cívico?

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EL PRÓXIMO GOBIERNO TIENE EL DESAFÍO DE SUPERAR EL PRESIDENCIALISMO CENTRALISTA

 

Bolivia termina la celebración de su Bicentenario, histórico balotaje de por medio, con un dilema sistémico de fondo: ¿es sostenible un modelo político presidencialista que concentra en una sola figura la casi totalidad del poder? El próximo Gobierno, más allá de su sigla, tendrá sobre la mesa una tarea ineludible: encarar con valentía la discusión sobre la reforma institucional y el cambio de la matriz presidencialista que, sobre todo en los últimos 20, años ha degenerado al punto de comprometer el destino de nuestra República con afanes vitalicios disfrazados de ropa “democrática” (rectius “autoritarismo elusivo” según el Dr. Barrios Suvelza).

El presidencialismo boliviano hunde sus raíces incluso antes de la fundación formal de la República. En 1825, la Asamblea del Alto Perú ungió al Libertador Simón Bolívar con títulos que condensaban el poder: “Protector, Encargado Supremo del Poder Ejecutivo y Presidente de la República de Bolívar”. Poco después, Antonio José de Sucre lo sucedió, siendo reconocido por el Congreso General Constituyente como el primer Presidente Constitucional de la República de Bolivia, en virtud de la primera Constitución Política del Estado de 1826.

Desde Sucre en 1825 hasta el 2005, la figura presidencial respondió a una tradición que concentró en una sola persona las jefaturas de Estado y de Gobierno, con luces y sombras, supo forjar identidad nacional y sostener al Estado en tiempos de fragilidad. Pero a partir del 2005, su lado más oscuro se hizo evidente: la deriva hacia un funcionariado autocrático, las crisis cíclicas de gobernabilidad, la absorción de contrapesos institucionales y una ciudadanía habituada a esperar soluciones verticales en la figura presidencial.

Cabe distinguir que el Presidente es el titular del Órgano Ejecutivo, con atribuciones definidas por la Constitución; en cambio, el presidencialismo es el sistema de organización política que concentra en dicha figura la centralidad del Poder Ejecutivo; idealmente limitado por los demás órganos del Estado y por el pueblo como depositario de la soberanía nacional (Art. 7 CPE).

Dicho esto, el Derecho comparado nos sugiere que, para “despresidencializar”, se podría considerar:

1. Parlamentarismo sin Primer Ministro: Mantener la figura del Presidente como jefe de Estado y de Gobierno, pero someterlo a una moción de confianza periódica en el Congreso. Es decir, el Presidente gobierna, pero su continuidad depende de mantener el respaldo parlamentario, con posibilidad de censura y elección de un sucesor por mayoría legislativa sin necesidad de nuevas elecciones generales.

2. Parlamentarismo con Primer Ministro: Mantener al Presidente como jefe de Estado pero delegar la jefatura de Gobierno en un Primer Ministro designado por el Legislativo por mayoría parlamentaria. El Presidente conservaría funciones de representación internacional p.ej., mientras que el Primer Ministro dirigiría el gabinete, ejecutaría las políticas públicas y respondería políticamente ante el Parlamento mediante mociones de confianza y censura. 

Si una “despresidencialización” en esos términos no fuera posible, cabe una tercera vía a través del Vicepresidente, sin disputarle poder real al Presidente. En mi columna “El siguiente Vicepresidente del Estado no debe ser un ‘florero’” (Visión 360, 2024) ya señalé que este cargo tiene naturaleza dual: puente entre Ejecutivo y Legislativo, garante de gobernabilidad y sucesión constitucional, como anticipaba Hamilton en The Federalist Papers No. 68.

La CPE de 2009 profundiza ese rol al integrarlo al Órgano Ejecutivo (Art. 165). Por ello, más que lo biográfico, importa un perfil bisagra: capaz de articular consensos y sostener gobernabilidad.

No analizaré aquí los perfiles de los dos candidatos en balotaje. Lo esencial es que el Vicepresidente electo articule Ejecutivo, Legislativo y gobiernos autónomos; participe propositivamente en el Consejo de Ministros; coadyuve con el Presidente del Estado en la dirección de la política general del Gobierno; participe juntamente con el Presidente del Estado en la formulación de la política exterior, así como desempeñe misiones diplomáticas (Art. 174 CPE). En suma, la Vicepresidencia puede ser un factor de “despresidencialización” práctica, si tan sólo cumple cabalmente sus deberes constitucionales. 

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