Por como se vino ensombreciendo el suceso electoral sucrense, se
hace necesaria una modificación a la Ley 026 del Régimen Electoral, en la cual
se PROHÍBA y/o tipifique como DELITO ELECTORAL al TRAFICO DE VOTOS; “comprado”
ya sea con dinero, o en especie (con promesas de cuoteo de pegas y/o co-decisiones).
Puesto a que los TRAFICANTES DEL VOTO intentando encubrir con su criollo-vivirachina
“coalición” (UN-PAIS/LIDER), ESPECULARON con la percepción y expectativa del
soberano boliviano, ESTAFARON al voto soberano, con el único fin de enquistarse
en el transitorio poder político para hacer su pasanaku politiquero. Pudiéndose
claramente evidenciar el DOLO de los TRAFICANTES DEL VOTO, puesto a que
anunciaron una supuesta coalición, con la supuesta renuncia de uno de los
coalicionados después de haber fenecido el “plazo formal para la renuncia”, y
después de haberse impreso las papeletas correspondientemente, por tanto fue una
champa-renuncia que no modificaba el status
jurídico-electoral de candidato válido y computable. ESPECULACIÓN, la de los
TRAFICANTES DEL VOTO, que perjudicó dolosamente la renovación del liderazgo
regional, así como la esperanza nacional, pero que cumplió la expectativa
negativa que se tiene sobre los “mismos de siempre”, la de pactar “alianzas” (“de
hamburguesas y media noche”) con el único/ruinoso fin de intentar aprovechar
como puedan y evitar extinguirse políticamente.
Si bien es cierto que el circo coalicionador le representó al
ordenamiento jurídico-electoral ser un simple anuncio (un hecho informal sin
efectos legales), puesto a no existir figura que permita y/o prohíba la renuncia-coalición
(posterior al plazo legal*), los TRAFICANTES DEL VOTO deben saber que -esencialmente-
la inscripción de una candidatura emana de la comprobada voluntad del
postulante. En consecuencia la candidatura persiste inalterable y única (si así
fuera postulada y permitida antes del plazo legal) hasta el día de los comicios
(salvo casos previstos por Ley), ya que de lo contrario, equivaldría a que el
candidato fue inscrito y/o mantenido en candidatura sin su consentimiento
(coaccionado y/o sin saberlo), o que inclusive dicho candidato no existe para
el sistema jurídico (ya sea inventado o fallecido). De ahí que el presupuesto
jurídico electoral no debe ser tan laxo y permisivo (por tanto modificado) como
para que los candidatos inscritos legalmente puedan (según determinados
intereses) anunciar renuncias atemporalmente oportunistas (que puedan influir
especulativamente entre el electorado) para supuestamente favorecer coaliciones,
creyendo poder así sacar DESLEALES, FRAUDULENTAS y ESPECULATIVAS ventajas
político-personales con respecto de otros. De hecho, para el cómputo final de
las acaecidas elecciones en el municipio de Sucre puedesé afirmar que el 5.22 %
que obtuvo el candidato renunciante de
UN-PAIS fue el porcentaje** que pudo de
igual forma haber obtenido sin el circo coalicionador, es más, puedesé afirmar
(porque así la cifra oficial lo permite***) que el candidato renunciante de UN-PAIS
pudo (siempre) “haber tenido consciencia” de que llegaría a obtener ese ínfimo
porcentaje, y que por ello quiso hacer aparecer su renuncia como un acto de “desprendimiento
personal”, cuando fue el más vil y evidente acto de cálculo político, con el
cual se intente el loteamiento de pegas en el Municipio, y se intente hacer
aparecer a unos como (necesarios) co-decisores
en cuestión de políticas municipales. En ese sentido, los renuncio-coalicionadores
de UN-PAIS no tendrían por qué sentirse “hacedores de la victoria” del candidato
de LIDER, pues jamás podrán comprobar si su informal anuncio tuvo incidencia, y
tan solo atenerse a la verificable cifra de su 5.22 %. No obstante, y retomando
el sentido del presente análisis, el presupuesto jurídico-electoral debe prever
jugarretas especulativas, defraudadoras, desleales, INMORALES como las descritas ut supra.
Finalmente, el honroso pueblo chuquisaqueño se encuentra
atormentado entre las amenazas oficialistas de no ser atendido por el
centralismo si las autoridades sub-nacionales**** no son del oficialismo, y condicionado
al loteamiento entre “supositores” TRAFICANTES DEL VOTO.
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