viernes, 9 de febrero de 2024

NO FUE UN “ACUERDO”, SE DEJARON EXTORSIONAR

 



A más de una semana de escalada del conflicto, el 02 de febrero de 2024 un grupo de asambleístas (entre diputados, senadores y el Vicepresidente del Estado como parte del Órgano Ejecutivo) que estaban “negociando” durante horas hizo conocer un supuesto “Acuerdo para garantizar la Ley de elecciones judiciales”. Mismo que, a la fecha, viene siendo incumplido por el Tilinismo en caída libre que no incluyó el tratamiento de los Proyectos de Ley CS N°073/2023-2024 y CS N° 075/2023-2024 (que tienen que ver con terminar la autoprórroga de los Ex MASistrados) en el Orden del Día para la 48va Sesión Ordianria de la Cámara de Diputados. Sesión que, por estas horas, sigue suspendida justamente porque se rehúsan a tratar prioritarimente tales PLs como les demanda la población.  

Para empezar, se debe precisar que esa autodenominada “Mesa de diálogo concertado” NO existe reconocida para la realidad jurídica del Reglamento General de la Cámara de Diputados que regula el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Art. 158.II CPE). Por lo que emanó de ella carece de valor jurídico/efecto vinculante y se resume a mero simbolismo politicastro.

Asimismo, se debe dejar en claro a la opinión pública que ese pseudo “Acuerdo” al que luego quisieron volverlo “vinculante” mediante Resolución Camaral de Diputados durante la 45° Sesión Ordinaria, NO poseía tampoco legitimidad política de las Jefaturas de Bancada -oficiales- de las tres siglas con representación parlamentaria, porque en la actualidad existen seis (o más) facciones que responden, cada a una, a determinados intereses.

Tal es el escandaloso caso de la Organización Política -zurda- “Comunidad Ciudadana” (CC) que, a la fecha, incumple con un fallo judicial expedido por una Sala Constitucional que “anuló” sus “elecciones internas” tras evidenciarse una serie de vulneraciones imputadas (por más de una docena de asambleístas titulares y suplentes) a la Directiva de CC (según consta en antecedentes); quienes vienen ejerciendo una decrepitante gerontocracia dentro de esa “alianza”, idéntica a la del ex Presidente Evo Morales. Dicho fallo incumplido por unos cuantos “llunkus” naranjas, desde octubre de 2023 además les ordena a repetir la elección para la Jefatura de Bancada, Comisiones y Comités. Por lo que, para la realidad jurídica, la Jefatura de la atomizada CC se encuentra acéfala, es decir sin poder de representación legal ni legítima como para suscribir nada; y menos para contratar personal, seguir percibiendo recursos públicos y otros servicios estatales por los que tendrán que responder.

Ahora bien, volviendo al pseudo “Acuerdo” ese se debe añadir que además de este vicio en cuanto a la legitimidad de quienes lo suscribieron arrogándose “Jefaturas de Bancada” ajenas, el vicio sustancial que lo nulifica radica en el consentimiento. Ya que el desesperado Arcismo, con tal de darse algo más de “aire” en su galopante multicrisis socioeconómica, condicionó (rectius extorsionó) el tratamiento del Proyecto de Ley 144 (sin modificaciones) a la aprobación de una serie de millonarios créditos o más deuda pública insostenible.

Los autoproclamados “Jefes de Bancada” de pseudo “oposición” se dejaron extorsionar seguramente pensando en que si no aprueban esos millonarios créditos, ya no le alcanzará al centralismo para pagarles sus inmerecidos suelditos/aguinalditos, sus tres pasajes aéreos al mes, sus viáticos para hacer turismo, el crédito mensual para llamadas, las tablet’s, las meriendas de sus Comisiones, los choferes y gasolina de vehículos asignados que son lo único que los motiva a fingirse asambleístas algunos días al año en los hemiciclos exhibiendo un “pin” más grande que sus habilidades. Y lo que es peor, por mediocres funcionales, traicionando el voto/mandato y expectativa popular, se resignaron a no incluir necesarias disposiciones transitorias al PL 144 de la Elección Judicial, p.ej., para ratificar que los EX magistrados judiciales autoprorrogados CESARON IPSO IURE el 31.12.23, para declarar nulos ex tunc todos sus actos, para ordenar su inmediato procesamiento y captura; y para restituir el efecto destituyente de la censura que también se dejaron mutilar por inútiles.    

Pero no, incapaces de ejercer genuina oposición política y jurídica para tan sólo seguir gozando de bienes y servicios públicos a costa del pueblo, se dejaron extorsionar.  

 


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