¿GASOLINA A BS 5, SIN SUBVENCIÓN Y DURANTE 5 AÑOS?

 

En marzo de 2025, el presidente del Estado, Luis Arce, reconoció que Bolivia importa el 90 % de su combustible y destina aprox. $us 3.000 millones anuales a esas compras, señalando que el principal problema no sería la subvención, sino las dificultades de adquisición por la escasez de divisas (Los Tiempos).

Desde un enfoque macroeconómico vinculado al sector hidrocarburífero, puede colegirse que la escasez de divisas no responde a un simple "desbalance coyuntural", sino a un deterioro estructural. La crisis obedece al desplome del volumen de exportaciones, provocado por el agotamiento de reservas, la falta de inversión en exploración, producción y modernización energética, el fraude en las "reservas certificadas" —que de 10,7 TCF en 2018 disminuyeron a apenas 4,5 TCF en 2023— y la pérdida del mercado argentino que representaba el 28 % del total exportado (2022). Todas negligencias del régimen.

Durante la que denomino "burbuja wiphaleña", la renta hidrocarburífera sostuvo artificialmente la balanza de pagos, encubriendo la ausencia de una diversificación productiva real. Concluido ese ciclo, las debilidades estructurales quedaron expuestas: en 2024, las exportaciones totales cayeron cerca de un 40 %, mientras que las de combustibles descendieron en torno al 60,9 %.

Recientemente, el presidenciable Manfred Reyes Villa, atendiendo dos problemas estructurales —el desabastecimiento de combustibles y el creciente déficit público por la importación subvencionada—, ha planteado garantizar el abastecimiento de gasolina a un precio accesible de Bs 5 por litro, sin necesidad de subvención estatal y por un periodo de 5 años.  Analicemos.

La propuesta de “Gasolina y Diésel a Bs 5, sin subvención por 5 años” es técnicamente viable si Bolivia, mediante una alianza público-privada implementa un esquema de compra directa y transparente a refinerías internacionales, suscribiendo contratos quinquenales que eliminen intermediarios y sobreprecios. La adopción de contratos "Free on Board" (FOB), por ejemplo, permitiría evitar inflaciones ficticias disfrazadas de “servicios logísticos” sobrefacturados.
Además, la política de contratos de suministro de largo plazo reduciría la exposición a la volatilidad de precios, aseguraría abastecimiento continuo y garantizaría estándares de calidad, como gasolinas de “93 RON” como mínimo, optimizando el desempeño vehicular y reduciendo riesgos ambientales. El despacho acelerado desde terminales, a su vez, minimizaría la degradación de combustibles almacenados, preservando su calidad hasta el consumidor final.

En contraposición, el actual régimen —ya en retirada— estaría operando un esquema de compra irregular de combustibles, recurriendo a buques sin bandera confiable —frecuentemente denominados "piratas"— que desviarían cargamentos en alta mar. Estas adquisiciones se efectuarían con sobreprecios tanto en el producto como en su transporte mediante cisternas desde puertos externos, lo que facilitaría esquemas de triangulación ilícita.

A ello se sumaría un grave deterioro logístico y técnico: gran parte de estos combustibles, de origen incierto, permanecería almacenada durante un tiempo en condiciones inadecuadas debido a la incapacidad de pago, acelerando su degradación química. La gasolina, sin aditivos estabilizantes, perdería capacidad de combustión a menos de tres meses, transformándose en un producto ineficiente y potencialmente dañino para motores, redes de distribución y el medio ambiente.

Peor aún, existirían denuncias de adulteración mediante el “estiramiento” de la gasolina con etanol u otros alcoholes en proporciones no reguladas, lo cual reduciría su octanaje, afectaría el rendimiento de los vehículos y pondría en riesgo la seguridad mecánica y vial de la población civil. Con lo que el costo de la corrupción terminaría superando al de la propia subvención.

En síntesis, mientras la propuesta de Reyes Villa —técnicamente viable— apuesta por eficiencia, transparencia y calidad para proteger al pueblo, el régimen actual institucionaliza el robo, el deterioro técnico y el riesgo social. 

Publicado en Visión 360

(NEO)LIBERALISMO: ALGO DE HISTORIA

 

Frente al colapso del estatismo populista del fallido “modelo plurinacional” y la irrupción de nuevas voces que se reivindican como “liberales” en Bolivia, se vuelve pertinente revisar el contexto original de ese ideario, que adquiere renovada vigencia en la actualidad.

Como ha señalado el profesor F. X. Barrios Suvelza (Teoría de la Privatización, 1994), los términos neoliberalismo y economía social de mercado nacieron como parte de una misma matriz conceptual en Alemania entre finales de los años veinte y los años treinta. Ambos conceptos alcanzaron su mayor desarrollo en la inmediata posguerra. Sostiene Barrios que —en sus postulados y objetivos— coinciden con lo que décadas después se denominaría “modelo neoliberal”, aplicado en países como Bolivia desde 1985.

Tanto la “economía social de mercado” como el “neoliberalismo” surgieron autoentendidos como un tercer camino frente a los dos extremos ideológicos del siglo XX: el comunismo —concebido como tipo ideal de “economía centralmente administrada”— y el capitalismo decimonónico —representado por la idea de un “mercado total” sin restricciones. Al considerar ambos modelos como esquemas irrealizables in strictu sensu, sus impulsores anticipaban la necesidad de un equilibrio entre libertad económica e intervención racional del Estado.

Desde una perspectiva histórica, el surgimiento del paradigma neoliberal se fue una reacción estructural en los años treinta frente a tres grandes amenazas: la monopolización creciente que anulaba la competencia, la influencia expansiva del keynesianismo desde la Gran Depresión, y la doble presión ideológica e institucional del sovietismo por un lado, y del nazismo y sus homólogos por el otro. De ahí el énfasis de pioneros como Heinrich von Stackelberg, Walter Eucken, Ludwig Erhard y Alfred Müller-Armack en recuperar los mecanismos de mercado como base de un funcionamiento económico competitivo. Ellos verían, en cierta forma, que el keynesianismo representaba una amenaza a la “libre iniciativa”.

Barrios Suvelza señala que, tras la Segunda Guerra Mundial y la centralización extrema de recursos, los neoliberales alemanes vieron la necesidad de ofrecer al pueblo una alternativa doctrinal frente a la coyuntura marcadamente “socializante” de la época. Pese a lo ingenioso de esta operación, los neoliberales no podían evitar la atracción simbólica que aún ejercía el socialismo soviético. No sería sino hasta bien entrados los años cincuenta cuando la socialdemocracia alemana occidental abandonaría definitivamente las grandes socializaciones.

A diferencia del viejo liberalismo —que rechazaba toda forma de Estado—, el neoliberalismo admitía un Estado normador de la competencia, confiaba en la racionalidad del agente económico, legalizando intervenciones mínimas y desarrolló técnicas de reducción del aparato estatal sin abolirlo. De ahí que el neoliberalismo alemán, en su formulación original, se apoyara en principios como la libertad de precios, la estabilidad monetaria, la competencia sin monopolios, la inviolabilidad de la propiedad privada, la responsabilidad empresarial y un papel estatal limitado.

No sorprende, entonces, que se haya interpretado como una economía normada por el mercado, donde el Estado sólo interviene en circunstancias extremas y sin alterar los precios relativos. La llamada “economía social de mercado”, surgida en 1948 como intento de síntesis entre liberalismo y justicia social, no logró evitar recaídas keynesianas. Entre 1946 y 1967, Alemania pasó del crecimiento extensivo al intensivo, lo que demandó una mayor inversión estatal en educación, tecnología e infraestructura. Sin embargo, el dogmatismo antiestatal del neoliberalismo impidió una acción eficaz del Estado, lo que a la postre derivó en su propio reflujo doctrinal.

De esta revisión se concluye que incluso el neoliberalismo más ortodoxo debió reconocer que, en la práctica más que en la teoría, sin una intervención estatal —práctica y mínima— no es posible un equilibrio duradero. El mercado, así, deja de ser dogma para recuperar su rol protagónico. 

Publicado en El Deber y Visión 360

“ASISTENCIA FAMILIAR” O MAYOR PERSECUCIÓN ESTATAL: EL VERDADERO FIN PUNITIVO DEL RENAF

 

La Cámara de Diputados ha agendado para el jueves 10 de abril de 2025 el tratamiento del PL N° 035/2024-2025 para supuestamente “fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.” Recordemos que la legislatura pasada ya quisieron imponerlo con el nomen “Registro de Deudores de Asistencia Familiar-RENAF” que, más que garantizar el pago de la asistencia familiar, tiene el -ilícito- fin de estigmatizar, perseguir, encarcelar y criminalizar la pobreza del o la obligada sin considerar su contexto socioeconómico. 

Diseccionando las medidas gravosas del PL se tienen:

1) Imposición del RENAF (Art. 3 PL): Inconstitucional porque viola derechos fundamentales personalísimos a la privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad (Art. 21.2 CPE). Vulnera la garantía jurisdiccional del debido proceso (Art. 115.II CPE) de las personas (mujeres y varones) estigmatizadas como "deudoras de asistencia" sin sentencia previa.

2) Pretenden condicionar la propiedad privada y la labor notarial (Art. 13 PL) en las operaciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles a una previa “certificación del RENAF”, en contra de la libertad dispositiva en contra de la propiedad privada, en contra de la libertad contractual, en contra de la labor notarial.

3) Deudores con registro en el RENAF no podrán acceder a cargos públicos (Art. 9 PL): Inconstitucional porque el Art. 234 CPE no exige "solvencia" por asistencia; conculca el derecho al trabajo (Art. 46 CPE). Y si se pretendiera perseguir el cobro de deuda por asistencia es un absurdo que se impida el acceso al servicio público para, precisamente, generar recursos económicos y cumplir con la asistencia.

4) Retención del sueldo o salario del obligado: (Art. 12 PL) Inconstitucional porque el Art. 48.IV CPE dispone que es inembargable.

5) Riesgo crediticio de los deudores (Art. 15 PL): Inconstitucional porque viola la libertad económica/contractual del usuario de servicios financieros y contraviene la política sectorial crediticia (Art. 334 CPE).

6) No emisión de pasaporte (Art. 16 PL) e impedimento de matrimonio (Disp. Ad. IV PL): Inconstitucional porque violan derechos civiles y políticos vinculados a la nacionalidad (Art. 141 CPE). Y porque violan su libre derecho a modificar sus estados civiles, conculcando sus derechos de las familias como celebrar matrimonios (Art. 63 CPE).

Frente a estas verdades jurídicas algunos dirán que “se lo hace porque el interés de los menores está por encima al de los obligados.” Ignorando que, desde el punto de vista de la voluntad constituyente y del tenor literal del texto, el Art. 13.III CPE categóricamente ordena que: “La clasificación de los derechos establecida en la Constitución NO determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.” Es decir que, por Primacía Constitucional (Art. 410.II CPE) NO se permite superponer unos derechos/intereses sobre otros, por el Principio de igualdad formal y de NO discriminación.

Como se evidencia, el PL N° 035/2024-2025, NO fortalece derechos, los pisotea. Sus impulsores ignoran el Principio de Proporcionalidad de la asistencia familiar que exige que esta se determine en función de las necesidades del beneficiario y las posibilidades mutables/reales del obligado. En lugar de ello, imponen una maquinaria estatal de vigilancia que rastrea ingresos cruzando datos bancarios, laborales y judiciales, violando la identidad, la privacidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y otros.

Lo que tampoco razonan los proyectistas del RENAF es que encarcelar a personas deudoras de asistencia NO soluciona el problema, peor, aumenta el hacinamiento y alimenta a esas mafias judiciales.

Ergo, se concluye que ese PL está plagado de inconstitucionalidades al pretender perseguir, “matar” civilmente al obligado y asfixiarlo económicamente para encarcelarlo. Cuando más bien deberían idearse facilidades de pago, y tipificar la violencia vicaria con la que muchas “envenenan” a sus hijos “mercantilizándolos” con fines extorsivos para ejercer violencia económica en contra de sus padres. 

Publicado en Visión 360

SIN BANCO CENTRAL INDEPENDIENTE, NO HAY TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

 

Tras dos décadas de latrocinio sistemático del masismo —en sus variantes “Evista” y “Arcista”—, resulta evidente que una de las principales causas de la actual multicrisis boliviana, en su faceta económica, es la conversión del Banco Central de Bolivia (BCB) en una vulgar “caja chica” del Ejecutivo de turno. Como señala nuestro asociado:

“La autocracia MASista depredó las RIN/divisas del BCB aplicando su antijurídico método de la ‘exceptuación de prohibiciones y deberes’, burlando las reglas de Responsabilidad Fiscal establecidas en la Ley del BCB (arts. 16, 22, 23 y 75), todo para financiar, con el 82,5% de las reservas, su programa estatista, asistencial y de apadrinamiento de la corrupción denominado ‘Modelo Económico Social Comunitario Productivo’” (Salgueiro A., ANF, 2023).

Ya en 2012 advertíamos las graves consecuencias de que el Órgano Ejecutivo asaltara al BCB, cuando el entonces ministro Luis Arce confesó que “el BCB dejaría de ser independiente.” Refiriéndose a la Ley 1670, declaró sin pudor: “Eso fue en el pasado, en la práctica hemos eliminado la vieja ley neoliberal, pero hay que consolidarla llevando una nueva ley para que sea aprobada por nuestra Asamblea.” (Página Siete, 2012) Esta violación les permitió disponer de billonarios créditos directos para empresas públicas deficitarias, emitir títulos valores sin respaldo y operar con pérdidas, usando cada Ley del Presupuesto General del Estado para exceptuar al BCB de su seguridad jurídica.

Frente a este atropello, el próximo gobierno republicano no debe errar. La historia ofrece lecciones: P.ej. en 1982, el gradualismo mal aplicado priorizó el tipo de cambio (flotación “con el fin de desregular el mercado cambiario, pero terminó por depreciar el peso boliviano”, en palabras de Juan Cariaga) sin corregir el déficit fiscal ni contener la inflación, perpetuando desequilibrios macroeconómicos. Hoy, cualquier Programa de Gobierno serio debe comenzar por devolverle su independencia técnica al BCB: blindarlo frente a presiones políticas, restaurar sus funciones como ancla antiinflacionaria, preservar la responsabilidad fiscal como meta y cerrar la vía del financiamiento directo al déficit fiscal, entre otros.

Independencia, etimológicamente, significa no depender de una instancia jerárquicamente superior que pueda imponer normas o decisiones. No se trata solo de autonomía administrativa o financiera, sino de una auténtica desvinculación del poder político, especialmente en lo normativo. Aunque suele asociarse a lo judicial, su aplicación es extensiva a otros órganos estatales. El profesor Franz Xavier Barrios Suvelza se refiere a este ámbito como “Ataraxia”: una división incorpórea del poder que previene la colonización institucional.

Por otro lado, independencia no equivale necesariamente a autarquía; una puede existir sin la otra. En el caso del BCB, su independencia es un valor republicano derivado de la división de poderes, y su finalidad es blindarlo frente al intervencionismo del Ejecutivo.

Alan Blinder, refiriéndose a la Reserva Federal, decía: “Aunque la Fed es una criatura del Congreso y sus gobernadores son nombrados por el Presidente, no existe para cumplir sus órdenes.”

En el caso boliviano, la Constitución boliviana, en su art. 172.15°, si bien le faculta al Presidente del Estado a nombrar al titular del BCB de entre ternas propuestas por la Asamblea Legislativa; y el Art. 329.I CPE estipula lo mismo para los miembros del Directorio. No obstante, esto no significa que se le sometan.

Bajo estas premisas, el próximo gobierno debería implementar un modelo híbrido: aplicar medidas de shock para estabilizar inflación y tipo de cambio, mientras se avanza gradualmente en reformas estructurales en subsidios, gasto público y productividad. Así se equilibran urgencia y sostenibilidad, minimizando costos sociales y generando confianza interna y externa en la transformación económica. 

Publicado en ElFaro24, Visión 360