Tras dos décadas de
latrocinio sistemático del masismo —en sus variantes “Evista” y “Arcista”—,
resulta evidente que una de las principales causas de la actual multicrisis boliviana,
en su faceta económica, es la conversión del Banco Central de Bolivia (BCB) en
una vulgar “caja chica” del Ejecutivo de turno. Como señala nuestro asociado:
“La autocracia MASista
depredó las RIN/divisas del BCB aplicando su antijurídico método de la
‘exceptuación de prohibiciones y deberes’, burlando las reglas de
Responsabilidad Fiscal establecidas en la Ley del BCB (arts. 16, 22, 23 y 75),
todo para financiar, con el 82,5% de las reservas, su programa estatista,
asistencial y de apadrinamiento de la corrupción denominado ‘Modelo Económico
Social Comunitario Productivo’” (Salgueiro A., ANF,
2023).
Ya en 2012 advertíamos
las graves consecuencias de que el Órgano Ejecutivo asaltara al BCB, cuando el
entonces ministro Luis Arce confesó que “el BCB dejaría de ser independiente.”
Refiriéndose a la Ley 1670, declaró sin pudor: “Eso fue en el pasado, en la
práctica hemos eliminado la vieja ley neoliberal, pero hay que consolidarla
llevando una nueva ley para que sea aprobada por nuestra Asamblea.” (Página
Siete, 2012) Esta violación les permitió disponer de billonarios créditos
directos para empresas públicas deficitarias, emitir títulos valores sin
respaldo y operar con pérdidas, usando cada Ley del Presupuesto General del
Estado para exceptuar al BCB de su seguridad jurídica.
Frente a este
atropello, el próximo gobierno republicano no debe errar. La historia ofrece
lecciones: P.ej. en 1982, el gradualismo mal aplicado priorizó el tipo
de cambio (flotación “con el fin de desregular el mercado cambiario, pero
terminó por depreciar el peso boliviano”, en palabras de Juan Cariaga) sin
corregir el déficit fiscal ni contener la inflación, perpetuando desequilibrios
macroeconómicos. Hoy, cualquier Programa de Gobierno serio debe comenzar por
devolverle su independencia técnica al BCB: blindarlo frente a presiones
políticas, restaurar sus funciones como ancla antiinflacionaria, preservar la
responsabilidad fiscal como meta y cerrar la vía del financiamiento directo al
déficit fiscal, entre otros.
Independencia,
etimológicamente, significa no depender de una instancia jerárquicamente
superior que pueda imponer normas o decisiones. No se trata solo de autonomía
administrativa o financiera, sino de una auténtica desvinculación del poder
político, especialmente en lo normativo. Aunque suele asociarse a lo judicial,
su aplicación es extensiva a otros órganos estatales. El profesor Franz Xavier
Barrios Suvelza se refiere a este ámbito como “Ataraxia”: una división incorpórea
del poder que previene la colonización institucional.
Por otro lado, independencia
no equivale necesariamente a autarquía; una puede existir sin la otra. En el
caso del BCB, su independencia es un valor republicano derivado de la división
de poderes, y su finalidad es blindarlo frente al intervencionismo del
Ejecutivo.
Alan Blinder,
refiriéndose a la Reserva Federal, decía: “Aunque la Fed es una criatura del
Congreso y sus gobernadores son nombrados por el Presidente, no existe para
cumplir sus órdenes.”
En el caso boliviano, la
Constitución boliviana, en su art. 172.15°, si bien le faculta al Presidente del
Estado a nombrar al titular del BCB de entre ternas propuestas por la Asamblea
Legislativa; y el Art. 329.I CPE estipula lo mismo para los miembros del
Directorio. No obstante, esto no significa que se le sometan.
Bajo estas premisas, el próximo gobierno debería implementar un modelo híbrido: aplicar medidas de shock para estabilizar inflación y tipo de cambio, mientras se avanza gradualmente en reformas estructurales en subsidios, gasto público y productividad. Así se equilibran urgencia y sostenibilidad, minimizando costos sociales y generando confianza interna y externa en la transformación económica.
Publicado en ElFaro24, Visión 360

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