En el oficialismo esperan que los nuevos magistrados judiciales tengan
el mismo grado de “compromiso ideológico” que la primera generación de electos,
porque de ello dependerá su “vigencia política” garantizándose una nueva
reelección de Evo Morales. Si bien para la percepción del pueblo, el sistema
judicial de los últimos 6 años, ha sido un fracaso -como servicio público-. A efectos
de sumisión política ha sido un “éxito”. Por ejemplo, el régimen obtuvo de los
actuales magistrados del TCP “un visto bueno” para la ilegal reelección de 2014,
mediante un “control constitucional” efectuado a la nefasta “Ley de Aplicación Normativa” (2013); que violó la
prohibición expresa contenida en la Disposición Transitoria Primera/par.II de
la Constitución Política del Estado (CPE) en cuanto al cómputo de mandatos.
Naturalmente también hubieron “desencantos políticos” (enjuiciamientos
de por medio) que llevaron a que el mismo Presidente Morales,
concluyera: “En vano incorporamos poncho, pollera y sombreros (a la Justicia)
porque no cambia nada.”
Ahora bien, respecto al actual proceso de preselección de
postulantes judiciales, debemos señalar que: Políticamente, dicho proceso sólo
renovará la “militancia política” -de hecho- entre sus juristas postulantes. Por defecto de la CPE (Art.182.II), los 2/3
masistas -de los miembros presentes-, son los que terminarán “cuoteando” los
cargos judiciales. Pues si el masismo no detentara los 2/3, sería obligado a “consensuar”
listas de postulantes. Lo que no sucederá porque los constituyentes no
contemplaron en el texto “definitivo” mecanismos que incluyan a las minorías. Por
tanto, la oposición podría hacerlo
“mejor” abandonando el proceso y no-asistiendo a la sesión de Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) que aprobará las listas finales.
Si se pretende que
algo “cambie” en futuros proceso de preselección, se lo debe esperar a partir
del 2019, cuando quizás ya no sean los 2/3 masistas los que impongan
"comisiones evaluadoras" y listas de postulantes.
Jurídicamente,
los asambleístas del oficialismo ignoran
que las atribuciones de la ALP ¡son
indelegables! La administración de justicia es una competencia exclusiva del nivel central del Estado
(298.II.24, CPE). Es decir que dicho nivel central ejerce indelegablemente, por
medio de la ALP (Art.158.5, CPE), la facultad legislativa que abarca la
preselección de postulantes a los cargos de administración de justicia. Y como
este orden constitucional ha sido vulnerado por los masistas al haber hecho
partícipes ("con voz y voto") del proceso a “delegados” del Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), no
sólo se vicia el proceso de preselección. También se generan responsabilidades
penales en contra del Presidente -nato- de la ALP y asambleístas que aprobaron
el Reglamento de Preselección, por incumplimiento de deberes, resoluciones
contrarias a la CPE, entre otros. Ya que no podían “subrogar” o “compartir” la atribución
para elegir postulantes, sino ¡cumplir su deber impuesto por el Art.158.5 de la CPE!
En adición a esto, también debemos
condenar que el sistema universitario boliviano, a través del Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana (CEUB), se haya prestado a la chacota inconstitucional pseudoacadémica de los 2/3 masistas. Cuando la
Universidad Pública -con mayor obligación-, a través de las diferentes
direcciones de carreras de Derecho, debió haber rechazado la propuesta de
participar del proceso de preselección, habida cuenta de su ilegalidad. Y, más
bien, haber denunciado el ilícito en el que se incurría, al ser ellos servidores
públicos compelidos a denunciar.
Finalmente ¿qué
queda? Que los 2/3 masistas en la ALP elijan a los magistrados que se merecen,
como el 2011, y se apresure la descomposición de su cadavérico sistema de
justicia que se extinguirá junto al régimen. Avalar un proceso “chuto” como el actual, corresponsabilizará a quienes
"legitimaron" las listas creyendo falsamente que existiría
"mérito" en juristas militantes.
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