viernes, 8 de octubre de 2010

Coerción social titeretada

El servicio público en momentos de desesperación política y carga "conciencial" recurre a sus "pongos políticos". Lo hace instigándoles con la violencia y el castigo a quienes omitan su llamado, y conformando en la periferia de Plaza Murillo la Tercer Cámara Plúrica (después del Senado y Diputados).

“A veces yo me siento abandonado, nuestros parlamentarios se sienten abandonados. ¿Dónde está Conamaq, CIDOB, dónde están las Bartolinas? (...) Defiendan este proyecto de ley”...“Ojalá el Senado no modifique nada”.

Aquella que se encarga no solamente de "validar" -en última ratio- los caprichos oficialistas. Sino que se ocupa (esa es su orden del llamado) de condicionar por medio de la presión, la violencia, el chantaje emocional, el resultado de la labor legislativa en favor único del capricho oficialista*.

Se puede evidenciar muy fácilmente que los mismos "sectores sociales" de la periférica Tercer Cámara Plúrica desconocen los contenidos jurídicos** de los dispositivos legislativos que se dicen "defender". Pero no por una cuestión de ignorancia y/o desconocimiento inocentes, sino porque la orden oficialista no lo considera así.

La severidad con la que el oficialismo manipula a sus llamados sectores sociales es muy patente y triste.

Por otro lado la convenenciera argucia del oficialismo para tratar de excusar el tratamiento legislativo de dos articulados de la Ley, es muy laxa. Descubriendo su mañudez de la forma más patética y poco creativa. Su argucia para zanjar ante la opinión pública, es la de la posterior reglamentación. Sabiendo que ésta es y será exclusividad del Órgano Ejecutivo*** por medio de unDecreto Supremo reglamentario de la Ley”.

Y entendiendo que por técnica legislativa, más aún en Estado (complejo) que se las trae de ser uno autonomista, la reglamentación suele ser cualitativamente insuficiente respecto de la Ley.

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*Capricho ya que la voz crítica al oficialismo se opone al detalle jurídico de dos articulados. Más no así al fondo u objeto de la materia legislada que es el “contra el racismo y toda forma e discriminación”.

**A grosso modo los “sectores sociales” pueden llegar a tener solamente un alcance sobre la intencionalidad política del dispositivo legislativo proyectado. Porque según la “estrategia” del oficialismo esa sola intencionalidad política, es fácilmente absorbida por el instinto social de los “plebeyos movilizados”.

Si por el contrario el oficialismo fuese más allá e intentase explicar la forma jurídica del dispositivo legislativo, no solo que se vería en figurillas al carecer éste de formas jurídicas -en rigor- objetivas. Sino que eso mismo despertaría el descontento en más de uno de sus pongos de la coerción social.

La “estrategia” de los absolutismos es la de mantener lego y aletargado a su caudal social de su (supuesto) respaldo. Y así permitirse controlar, al caudal social, a partir de su ignorancia y emotividad de su instinto social.

***A pesar de que la reglamentación respecto de una Ley, siendo una continuación con mayores profundidades de la producción legislativa, debiese ser tratada por la misma Asamblea Legislativa.

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