"La
decisión la ha tomado el Viceministro Farfán, a sugerencia de algunos mandos
militares, nosotros nos enteramos cuando la orden ya estaba en curso"(…)*
El soberano boliviano aún en duelo por
la masacre indígena, perpetrada por el torpe centralismo oficialista, en uno
más de sus intento para-democráticos, exige que los responsables
gubernamentales sean procesados civil/penal/administrativa/ejecutivamente
por el grado (directo e indirecto) de su participación en dicha masacre.
Por su parte el desidioso,
irresponsable e intransigente oficialismo persiste en su fracasado intento de
encubrir a los responsables y de eximirse (como si pudiera) de un debido proceso
que investigue su consabida responsabilidad. Para ello a nombre del Órgano Ejecutivo,
el primer servidor público utiliza su ya desgastada e insignificante frasesilla
del "salvo mi responsabilidad"**, creyendo poder deslindar su orden
de mando con respecto de la jerarquía institucional (pública), con tal de
evitar una vez más a que sea la justicia la determine aquellos extremos.
El oficialismo
desconoce que la responsabilidad tiende a recaer, por
un principio de cohesión orgánica, -ab initio- sobre
todos los miembros e instancias del Órgano -jerarquizadamente-
estructurado, mientras se vaya determinando la responsabilidad (personal)
de quienes con dolo o culpa hayan producido (o ayudado a producir) un
resultado lesivo/delictivo. Es decir que mientras el centralismo oficialista
mantenga contubernios y encubrimientos en el rango de su pestilente jerarquía
ministerial, toda la estructura decisoria del Órgano Ejecutivo es
responsable "solidariamente".
Así mismo los
encubridores oficialistas deben saber que no pueden transferir -ipso facto-
su responsabilidad jurídica y política a subalternos institucionales. En el
caso presente los oficialistas pretenden utilizar a la Policía Nacional como
lavamanos de los sangrantes ministrillos. Cuando la Policía Nacional, así como
las FFAA en su caso, no operan por sí solas, o no sin autorización superior, a
no ser de que se trate de un Estado de Hecho y no de Derecho.
Finalmente y al mencionado
principio de cohesión orgánica éste se sustenta en la intra-relación
de la función pública, sus funcionarios y sus dependencias burocráticas, como
ser:
-Planificación, asignación/delegación,
acción, decisión y control que existen en escalonada disposición a lo largo del
Órgano público y sus miembros. Y será de acuerdo a esta disposición,
estableciendo el alcance de la función, que se podrá determinar
-individualizando- el grado de responsabilidad en el ilícito hecho para cada
quien***.
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**¿"IN DUBIO PRO POLITICAE"?
***La jerarquía institucional y su relación con el daño
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