De un tiempo a esta parte la
administración plurinacional ha consolidado a la institución policial como su
“lavadero de manos” mediático. Narcotráfico (casos Epizana, Sanabria),
contrabando (caso Uncía), represiones (casos Calancha, Caranavi, Yucumo), fueron impases en los cuales
el Gobierno se expió con la institución. Sacrificando subalternos y
eventualmente deponiendo a algunos "altos mandos" que simplemente
fueron suplidos por cuotas de poder de otras roscas gubernamentales;
implementando para ello una seguidilla de interinatos al margen de los 90 días
que la Ley impone para tal efecto, y permitiendo inconstitucionalmente que
policías en grado de Coroneles asumieran como Comandantes Generales. Claro,
todo esto mientras las postergadas bases policiales solamente observaban desde
abajo, “en subordinación”.
Asimismo, se puede advertir una marcada
actitud discriminatoria que el Gobierno asume con las FFAA respecto de la
siempre relegada y vulnerada Policía Nacional. Evidenciando que, mientras las
FFAA son circunstanciales socias del “proceso de cambio” (con militancia
declarada públicamente), los policías son poco menos que algo utilizable que se
puede descartar. Por algo debe ser “más conveniente” confortar a castrenses que
a policías, para este Gobierno.
Motín UTOP
"Policías
de base se amotinan, toman la UTOP con violencia y la protesta
crece" (Pagina 7, 22/06/2012)
No
resultaría extraño que el mismo oficialismo urdiera todo esto para hacer
aparecer como “autores intelectuales” a “algunos opositores”, y así bajo
ciertos tipos penales perseguirlos o detenerlos. Sería un nuevo ejercicio de su
modus operandi auto-atentativo para la pluri-victimización con el rumor de
“Golpe de Estado”. Tampoco sería insólito que éste conflicto haya podido ser
teledirigido por aquellas roscas palaciegas que fueron perdiendo cuotas de
poder en el Gobierno (en el Ministerio de Gobierno específicamente), y tratar
así de desestabilizar a las actuales beneficiados en dicha cartera ministerial.
Desde la óptica gubernamental el suscitado “motín policial”, que por
cierto fue (inicialmente) minizado por el Gobierno como es costumbre, puede que
deje un sabor a “insubordinación” de parte de los efectivos participantes; y en
consecuencia desencadene en una persecución penal (más ya no institucional-disciplinaria
porque en este caso no les conviene) de los -siempre- “algunos malos
policiales” (autores, instigadores y cómplices).
Empero, debe señalarse que transcurrió más de un año desde la
fracasada imposición del Decreto Supremo 748 (gasolinazo) que subió los precios
de todos los artículos de primera necesidad; de los cuales si bien algunos
bajaron un poco, la mayoría se mantuvieron elevados. Entonces se justificaría
el que los sueldos de los policías, como el de todos los sectores obreros
afectados, se tornaran "insuficientes". Sin embargo, como ocurrió con
el gasolinazo, el efecto "no previsto" de ésta mala y típica
"jugada" gubernamental, les provocará empeoramiento de la iliquidez
económica e insolvencia en la que indujeron al TGN. Porque un aumento de
salarios, a estas alturas, les resultará insostenible; razón por la cual el
despavorido Ministro de Gobierno, haciendo gala de sus improvisaciones Power-Pointirescas para
“demostrar” sus míseros aumentos (en fofa comparación con el pasado), anuncia
que “un incremento es imposible”.
Seguramente en otro sector del oficialismo, vinculado con Hacienda y
Finanzas Públicas, ya se están preguntando cuántos (¿?) bonos directos más
necesitarán crearse y con ello pagar el aumento de salarios policiales que
premeditada e indirectamente ellos mismos propiciaron.
La iliquidez e insolvencia plurinacional ante esta justa demanda
sectorial
Este conflicto, si bien tiene entre sus demandas la abrogación de la Ley 101 (Régimen disciplinario), se sostiene principalmente en reclamaciones económico-laborales (incremento salarial, jubilación). Porque (de forma estratégica) el haber reclamado solamente la derogación de la Ley 101 hubiese tenido menos impacto (inclusive hasta ser malvisto por el pueblo como un acto subversivo), que el de la justa reclamación económico-laboral. Por tanto, el presente conflicto policial es uno que se podría resolver eminentemente desde lo económico
Por lo que resulta
irónico que la administración plurinacional (dilatando irresponsablemente la conflictividad) no pueda satisfacer una justa
demanda (incremento de los salarios en el sector policial), pero a su vez
mañudamente se jacte de -disque- poseer "Reservas Internacionales
récord" o "bonanza inédita". Esto solo demuestra que los plurinacionales no tienen de dónde
sacar dinero para subvenir el gasto público, menos para mitigar contingencias
sectoriales como la presente (que no solo es necesaria sino y sobre todo
justa); y que por ello, en su torpe desesperación, emiten bonitos del TGN para
prestarse dinero del pueblo y por lo menos cumplir
su "programación financiera”[1].
Entonces
cabe cuestionarles ¿cómo, quienes -disque- poseen "trece mil millones de
dólares de Reservas Internacionales" (Los Tiempos, 27/05/2012), son tan ineptos que
causan/mantienen/agravan este problema por no pagar lo justo a la policía, que
en comparación con otros gastos públicos no es significante? Cualquier Gobierno que tuviese tales Reservas, bueno si las tuviera, podría evitar o resolver este
problema; pero como las Reservas esas, son otro gran engaño más, los
plurinacionales siguen ajustándose la soga.
Finalmente, este conflicto policial no solo advierte el contundente malestar institucional (y social en general), sino que a su vez desnuda la crisis económica plurinacional. Y es que los plurinacionales priorizan financiar millonarios fracasos estratégicos como YPFB, financiar millonariamente proyectos como la construcción de una carretera ilegal sobre el TIPNIS, o dejarse estar con el fracaso del Mutún, antes que atender demandas sociales justas y necesarias.
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[1] “Los
Estados no quiebran”, pero pueden ingresar en iliquidez o insolvencia
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