“ROMERO: Fiscalía debe obrar
de oficio ante las marchas”[1]
En los últimos días, el gobierno masacrador de indígenas/represor de
personas con capacidades diferentes, determinó criminalizar la protesta social
y perseguir a los sectores sociales. Evidenciándose con ello que los
plurigarcas:
- Ya no pueden seguir engañando con su versión de “diálogo”, de ese que se basa en la coerción, el chantaje y la mentira, tal cual ocurrió con p.ej. la “Ley Corta”;
- Ya no pueden soportar la bajada de pulgar de las grandes mayorías bolivianas que claman por su responsabilidad y denuncian sus recurrentes encubrimientos.
Los plurigarcas como ya desgastaron su rencilla con EEUU, como ya no tienen
“media luna” a la cual perseguir (con la cual chivo-expiarse/auto-atentarse),
ahora recurren a ejercitar un derecho
penal del enemigo político en
contra de los movimientos sociales y sus protestas.
Recuérdese que los plurigarcas, antes de masacrar a indígenas,
confesaron haberlos infiltrado (escuchas telefónicas), para lo que hicieron
aparecer un requerimiento fiscal pero de (hechos/actores) fechas pasadas. Ya
que la infiltración (escuchas telefónicas) a la marcha indígena databa de
agosto, y los oficialistas, intentando fundamentar sus ilegales escuchas
telefónicas, presentaron un memorial
que tuvo “como base legal la solicitud
del 7 de abril, hecha por el Ministerio de Gobierno para investigar los
conflictos y bloqueos en el centro de la ciudad, (…) ”[2] Es decir que, con el
descubrimiento de las ilegales escuchas telefónicas, se evidenció que ya en Abril
de 2011, sino mucho antes, el gobierno “investigaba” a movimientos sociales,
criminalizando sus protestas.
Asimismo, resulta interesante que los otrora golpistas de 2003, aquellos
que fueron “perdonados” en el gobierno de Carlos Mesa por gracia de su
“amnistía política” (D.S. 27234)[3], ahora enquistados en el poder,
pretendan incurrir en las mismas mañas represoras del “neo-liberalismo”. Incitando
a que, tal cual cita el Decreto que amnistió a los sedicionistas de 2003 con
respecto de la Ley Nº 2494 del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, el gobierno utilice la institucionalidad pública para “reprimir la protesta social y silenciar
las reivindicaciones sociales”.
¿Acaso los hoy
oficialistas, enquistados en el poder político, olvidan que se auto-afirmaban “víctimas”
de la persecución “neo-liberal”, “víctimas” de la criminalización de sus
protestas reivindicatorias? Pero claro, puede explicarse que los hoy
enquistados en el poder político traicionan las viejas “conquistas”, si la gran
mayoría de ellos, o al menos las roscas que controlan el poder político, son
simples paracaidistas de la oportunidad.
Cabe recordarles, a los otrora golpistas de 2003, que cuando el régimen
tiende a arreciar su persecución política, extendiendo su represión hasta los
sectores sociales, lo hace porque presiente su inminente caída, e intenta asestar
sus últimos y más violentos porrazos.
Finalmente queda palmariamente demostrado que este régimen plurigárquico
(masacradores de indígenas, represores de personas con capacidades diferentes)
ha establecido como “política de Estado” la criminalización de la protesta
social y la persecución de los sectores sociales.
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[3] “(…) Que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, en lo relativo a las modificaciones del Código Penal, ha sido
considerada por la población como una Ley de seguridad del Gobierno de turno,
para reprimir la protesta social y silenciar las reivindicaciones sociales
(…)”.
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