(Leviatán
plurimetamorfoseado)
El centralismo
capitalistoide-andino no respeta la retención del 20%[1] por
concepto de pasajes, como obvia parte del "plan salvataje"
aereosureño, sino que más bien pretende retener el 100% para
-delincuencialmente- terminar de asfixiar y expropiarle a la empresa privada,
como una muestra más de la grosera inseguridad jurídica plurinacional. Y es que
la seudo-emprecilla gubernamental se halla en la necesidad de mudar, de una
piel "de eje troncal nacional", hacia una piel
"internacional", evidentemente a expensas de los emprendimientos
(bienes muebles e inmuebles) privados.
Los plurigarcas hacen típica su conducta de la
"COMPETENCIA DESLEAL", del “MONOPOLIO DEL MERCADO”. Si bien pudo
acusarse a la empresa privada de haber tenido el monopolio aéreo, luego de que
en colusión se deshicieran del LAB, cómo es que los “críticos” del monopolio,
ahora pretenden incurrir en la ortodoxa “práctica neo-liberal” ¿caso nuevamente
les fracasó imposturar su discursito pajpacunesco? Empero, con esto, solo
se demuestra que los capitalistoides andinos son los catecúmenos por excelencia
del (vigente) “neoliberalismo”. Asimismo, cabe destacar que antes, cuando las superintendencias no eran burós de
los ministerios, -inclusive- el monopolio estatal estaba prohibido, pues esa
era la razón de existencia de las superintendencias, la de "regular (todo)
el mercado", siempre que hubiere monopolio "aunque este fuere
estatal". Sin embargo (y dolosamente por eso lo hicieron) cuando los
oficialistas convirtieron las superintendencias en burós ministeriales,
mataron la regulación del mercado, "con respecto al monopolio
estatal", para perseguir (extorsionando) solo a privados y/o
convirtiéndolos en socios menos desfavorecidos.
El empresario privado tiene
derecho al trabajo, a la propiedad privada, entre otros derechos comunes a todas
las personas, y en efecto, la C.P.E. plurinacional en su Artículo 13º ordena
“I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables,
universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el
deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.”
Por otra parte, Bolivia como país
miembro de la Comunidad Andina, debe respetar la Decisión Nº 608 sobre
“NORMAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD
ANDINA”, que en cuyo Artículo 7º estipula “Se presumen que
constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los
acuerdos que tengan el propósito o el efecto de:
(…) d) Impedir o dificultar el
acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el
mercado;”
En
adición la Decisión Nº 608 destaca como uno de sus
principios “a) No discriminación, en el sentido de otorgar un trato
igualitario a todas las personas naturales o jurídicas en la aplicación de las
normas de libre competencia, sin distinción de ningún género;” (Artículo
3º), y como la C.P.E. en su Artículo 410º (parf. II) estipula “El bloque
de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios
internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho
Comunitario, ratificados por el país (…)”, el empresariado privado nacional
puede perfectamente amparar sus derechos bajo el Derecho Internacional
Comunitario al verse vulnerado por la persecución gubernamental.
Ahora
bien:
- La seudo-empresa estatal parasita de los dineros del pueblo
boliviano, porque se privilegia de millonarias subvenciones. Asimismo el
gobierno obliga a todo el servicio público a utilizar los
servicios de la seudo-emprecilla esa, y considerando que estos turistas
palaciegos se la pasan viajando (por ende no trabajando), los ingresos
son millonarios, pero conseguidos a plan de coacción; ¿entonces de qué
"democratización del transporte aéreo" hablan los plurigarcas,
si obligan a su cuantioso servicio público a utilizar el servicio de la
seudo-emprecilla gubernamental y/o asfixian otras posibilidades
(privadas) de contratación del servicio aéreo ?
"Hace
unos días atrás, ejecutivos de AEREOSUR también observaron las decisiones de la
superintendencia de transportes y la dirección de aeronáutica civil a favor de
BOA.
Hurtado señaló que boa tuvo apoyo
del gobierno para internar sus aviones y, ahora, pretende gozar de precios
preferenciales en el suministro de combustible, el pago de servicios
aeroportuarios, hechos que van en desmedro de las otras operadoras que cubren
verdaderos costos operativos." [2]
- Las pérdidas que sufrió la seudo-emprecilla estatal con sus
promisiones y demás fueron financiadas con dineros del pueblo boliviano.
"Dijo
que las pérdidas que enfrenta la boa, por la reducción de sus costos de
operaciones, es absorbida por recursos económicos del estado que subvenciona
estas pérdidas millonarias con recursos directos del tesoro general de la
nación." [3]
- Los capitalistoides andinos (pluriliberales) no aplican las mismas
reglas para (la contrato-migrada) ENTEL p.ej., que adeuda más allá de lo
que cuesta indemnizar al consorcio italiano por la supuesta compra de
acciones. Y en ese entendido, a ver, si se le cobrara la millonaría deuda
a ENTEL, ésta no pasaría a ser una "emprecilla fantasma" más.
"Deuda
Según el informe del servicio de impuestos
nacionales (sin) la deuda de ENTEL S.A ascendió desde el 2008 a bs 1.054
millones.
Para luego emitir el decreto supremo 29544 de
nacionalización de ENTEL determinando que los pasivos financieros, tributarios,
laborales, comerciales y regulatorios de ENTEL SA, tanto exigibles como
contingentes, serían derivados a tiempo de efectuar la liquidación final para
el pago a la empresa EUROTELECOM INTERNATIONAL, ex administradora de la
telefónica.
telefónica.
Dos años después, el gobierno autoriza al estado a
pagar 100 millones de dólares de indemnización a ETI por la nacionalización de
la telefónica, deuda que se duplicaría a 250 millones. 'Lo que se quiere es no cargar los pasivos que no se
asumieron con una nacionalización, si hacemos el razonamiento que tienen
ustedes sería 250 millones, por la nacionalización', finalizó la autoridad." [4]
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