En las últimas horas se conoció que, “vocales y magistrados de Bolivia pretenden romper el decreto supremo que establece que nadie debe ganar más que el presidente del Estado, y fijar una escala salarial que vaya desde los 3 mil Bs. como mínimo y 24 mil Bs. como máximo.”(Fides)
Para empezar, debe precisarse que -propiamente dicho- las normas no “se rompen”, no se “quiebran (“quebran”, según suelen pronunciar). En consecuencia, a lo que los servidores públicos judiciales (suponemos juristas) quieren referirse con “romper el Decreto”, -jurídicamente- es a la no eficacia y no vigencia del Decreto (de falsa austeridad, por cierto); ambas situaciones jurídicas que -naturalmente- devienen como efecto de la ABROGACIÓN, dicho sea de paso.
Ahora bien, con respecto a las ambiciones pecuniarias de los servidores públicos judiciales, éstos están "en su derecho" de "desangrar" al Estado plurinacional; como lo hacen los de las pseudo empresitas "estratégicas" (ENTEL, YPFB, etc.).
Por ejemplo, en 2012, el “desangrador” Gobierno plurinacional aprobó el Decreto Supremo Nº 1202 de Incentivos a la Producción Petrolera[1], con el cual fomenta y financia la explotación de recursos naturales bolivianos con Notas de Crédito emitidas por el TGN. Seguramente, como parte de todo un conjunto de petro-medidas (andino-capitalistoides) para retener y mimar a sus actuales patronos transnacionales que, irónicamente, juegan un rol primordial en la seudo-nacionalización de los hidrocarburos. Y no es el único estímulo plurinacional hacia sus transnacionales patronos, pues en mayo de 2011, por medio del DS Nº 863, el Gobierno plurinacional INCREMENTÓ -hasta un- 70% al sector petrolero.
En adición, se debe advertir que los servidores públicos, especialmente los del Órgano Ejecutivo, tienen una otra forma de hacerse de recursos “extra” o de "desangrar" más al Estado. Para probar aquello, tómese en cuenta los extensivos privilegios y bondades del Decreto Supremo 1031, que define la “escala de viáticos” (asignada a los “países comprendidos en Europa, Asia, África y Norte América”), y por cuya “PRIMERA CATEGORÍA” se le asignan 339$/día al servidor público viajante (Presidente, ministros de Estado, etc.) Con lo cual, los servidores públicos, p.ej. por el lapso de 10 días de viaje, obtienen la suma “extra” de 3,339 $us (23. 255 Bs/al tipo de cambio actual).
En consecuencia. Considerando que según el DS 28609 la remuneración para el Presidente del Estado es de Bs. 15.000, y que según el DS 28618 expresamente “(…) ninguna autoridad o funcionario dependiente del sector público, podrá percibir una remuneración mensual igual o superior al monto aprobado para el Presidente (…)”, salvo que pertenezca a alguna “empresa estratégica”, resulta evidente que muchos servidores públicos, -vulnerando el ordenamiento jurídico vigente- perciben una remuneración superior en miles de bolivianos a la aprobada (mensualmente) para el Presidente.
Bajo tales hechos, irónica y sinvergüenzamente, el mismo Presidente Evo Morales, con la frecuencia de sus viajes, ha excedido en muchísimas ocasiones (sino es que lo hace constantemente) el monto máximo que es su (mismo) sueldo, violando el ordenamiento jurídico, reitero.
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[1]Pudiéndose afirmar que, esta medida del incentivo no hace sino patrocinar el mero EXTRACTIVISMO (SAQUEO DE RECURSOS NATURALES) de parte de transnacionales, relegando y/o resumiendo el mediocre “proceso industrioso” a la holgazanería de esperar que “alguien lo haga por el Estado”, pero, obviamente a expensas del desmantelado TGN y de la prostituida “Madre Tierra”.
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