
Con el reciente anuncio del impuesto al dólar, sumado al aumento de
su encaje legal (en sí para depósitos en moneda extranjera en general) y a la restricción de sus operaciones en los cajeros automáticos, los plurinacionales están desesperados por tratar
de cerrar el deficitario sistema económico nacional en torno al boliviano. Creyendo que
así, ya solo será necesario "imprimir billetitos bolivianos sin más",
y confiando en que ya no habrá divisa de comparación, como es el dólar a nivel
mundial.
Sin embargo, respecto a una serie de operaciones, los plurinacionales no se dan cuenta, por su
profunda ignorancia, que en ninguna parte del mundo los acreedores extranjeros,
tanto del Estado como de los privados, aceptarán pagos en bolivianos, porque sencillamente no
es una divisa de mercado internacional, ni siquiera una competitiva a nivel
regional.
Con
el impuesto gravado sobre la compra-venta de la divisa dólar, según cálculos
del jadeante Gobierno, si bien no resolverán su crítico déficit público
(cercano a la cifra de sus falseadas Reservas Internacionales por cierto), le sacarán provecho al manifiesto excedente de circulante. Razón por la cual -también- afirman
que la banca genera un aproximado de 575 millones de bolivianos en ganancias por este tipo de operaciones.
El Gobierno gravará este tipo
de operación no con el fin de competirle a la banca, sino con el utilitario y
oportunista fin de sumársele (como parte de la cadena de la compra-venta de divisas) en la
obtención del millonario rédito, cuando por su responsabilidad como
Administración Pública debería regular la riesgosa generación del excedente de
circulante.
Ahora bien, el
Gobierno no parece tener la intención de retirar dicho excedente del público, más bien pretende
aprovechar y mantenerlo. Excedente de circulante (en dólar) que no siempre proviene de actividades lícitas y formales, y que
sin lugar a dudas también incide en la descontrolada inflación agudizada (como
efecto de la percepción y expectativa del mercado y del público) desde la
fracasada imposición del Decreto 748 (“gasolinazo”).
Al
parecer las intenciones político-económicas de la Aministración Plurinacional
estarían girando en torno a un nuevo factor de incidencia económica, el ilícito
y la informalidad, ya que gravará la transacción sin importar el origen del
excedente de circulante (en dólar).
Finalmente, como el impuesto es general tanto para quienes
transaccionarán con dólares cuyo rigen es lícito como quienes los obtienen de
forma ilícita, el que se afirme que dicho impuesto “no afectará al usuario”
(considerando a los usuarios lícitos) carece de fundamento, ya que el papel moneda no tiene valor si no es intercambiado por el
humano o sujeto denominado usuario. Por ende es a él a quien, como usuario, le
van a -directa e indudablemente- afectar.
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