Cuando el servidor público Evo
Morales “revela que se firmó contrato con Jindal bajo presión social” (La
Razón, 10/06/2012), creyendo (en su previsible vivo-criollismo) poder “salvar
su responsabilidad” con ello, está más bien confesando que firmó un posible CONTRATO
LESIVO AL ESTADO y con un eventual DAÑO ECONÓMICO. Más aún cuando intenta
expiarse afirmando “yo no creía mucho, pero
había una presión”
Una persona con criterio y
buena fe podría inferir que, habiéndose firmado “bajo presión” el contrato, naturalmente, dicha
situación conllevó a la nulidad absoluta e insubsanable de cualquier acto
subsecuente al acto de firma del contrato. Otra alternativa, de por sí jurídicamente
más exquisita y por ende de más compleja comprobación, es la figura de la reserva mental, misma que se define como la discordancia involuntaria -del fuero interno- del sujeto (entre lo que éste
quiso y lo que éste hizo) al momento de contratar.
Empero,
como se trata de los MALAFEsianos plurinacionales,
y con el agravante de haberse cobrado 2 boletas de garantía (en Agosto de 2012 la última), sin haber resuelto el contrato, asintiendo con ello la serie de
incumplimientos de parte de la Jindal (por los cuales se cobraron millonarias
boletas de garantía). Resulta contundentemente ilícito que, si habiendo sido firmado
el contrato como efecto de la “presión social” (violencia colectiva) según se
confiesa, y habiéndose incumplido en varias oportunidades, aun así, hasta la
fecha, se lo mantenga vigente.
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