En una entrevista televisiva el Ministro de Gobierno sembraba especulaciones muy torpes respecto de los sentimientos de las viudas de los cuatro policías ajusticiados.
Según el Ministro el informe preliminar de la necropsia respondería a móviles políticos. Ya que el informe preliminar que la forense Gabriel pudo brindar consideraba la posibilidad de que uno de los cadáveres recuperados habría sobrevivido a los tres restantes, hubiera sido mantenido vivo y liquidado en plena fase de negociación entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y autoridades del Ayllu. El Gobierno busca expiarse y rehuir su responsabilidad.
El Ministro, seguramente en concordancia con la versión del Ejecutivo, quiso eliminar dicha posibilidad -en investigación-, y condenar sin miramientos el informe preliminar de una forense que tuvo que responder según exigían las emociones de los ajusticiadores y las desgraciadas familias.
El gobierno se respalda en las observaciones al procedimiento que siguió la forense.
“Nosotros no sabemos con qué facultad se dispuso la necropsia de los cuerpos cuando las autoridades que han prevenido la investigación son de Potosí. Incluso ese actuado es nulo, no tiene valor legal. No-sotros habíamos dispuesto que una vez entregado los cuerpos a los familiares, se debía realizar una necropsia para contar con elementos suficientes para encarar el juicio público”*
El Fiscal de Distrito (Fuertes) de la ciudad de Potosí observaba el concurso de su jurisdicción al estar Uncía dentro los márgenes territoriales de su tuición. Ya que la necropsia se la llevó a cabo en la ciudad y jurisdicción de Oruro. ¿Por qué? Porque la entrega de los cuerpos ajusticiados estaba condicionada a que se la realice en el tiempo, el lugar y la presencia misma de las autoridades del Ayllu, así lo negociaron quienes estuvieron presentes.
No fue decisión airosa y violatoria de la forense, que pese a estar presionada por los estados anímicos de ajusticiadores y dolientes, tuvo la valentía de cumplir su obligación legal y humana.
En todo caso si las autoridades gubernamentales que hoy cuestionan aquello, debieron pues de hacer presente dichas observaciones -procedimentales- a las acaloradas autoridades del Ayllu y a las dolientes viudas. ¿Qué pasó? Recuérdese cuando las autoridades judiciales cruceñas reclamaron la primacía de su jurisdicción en el caso de supuesto terrorismo. Autoridades oficialistas salían a justificar políticamente la validez de la jurisdicción paceña. En el totalmente incomparable caso de Uncía, y con las características apremiantes que le secundan, ¿había que “observar” el mismo aspecto jurisdiccional que el oficialismo también incumple? Qué pesa más, o por qué la jurisdicción de un caso es menos importante que otra, y sus relevaciones de informe son tan pretendidas por el Gobierno.
“Presidente asesino, Ministro asesino, campesinos asesinos” Viudas, familia y pueblo doliente.
¿Ahora bien cuál es el motivo que exaspera tanto a las autoridades gubernamentales?
El informe post-necróptico de la forense insinuó que los cadáveres presentaban severos traumatismos en su morfología cadavérica. Seguramente con importantes secuelas de atrición y avulsión corpóreas en los perímetros superiores, medios- superiores. Y con mayor afectación de lesiones provocadas por agentes contusos en las áreas faciales, en las regiones craneoencefálicas de los cadáveres; cuadros típicos de las muertes precipitadas.
Sin embargo lo que mayor atención aviva es que del informe pudo se advertir un nivel de conservación en uno de los cadáveres, el del subteniente Alcócer, diferente respecto de los otros tres.
Existen para ello dos posibilidades que la tanatología permite explicar. Una de ellas es que los cadáveres depositados en habitáculos distintos hayan sido afectados por las condiciones micro-ambientales de dichos lugares, ocasionando los desemejantes estados de conservación cadavérica.
Es decir que bien pudieron tres de los cadáveres haberse acelerado en el proceso de su descomposición y ser descubiertos en un “estado no reciente de muerte”, como consecuencia de la interacción de los fenómenos cadavéricos. Hállense factores externos como la condición climática (humedad/calor) y la infección bacteriana del entorno próximo; ó debido a factores internos como la secreción químico-bacteriana del organismo muerto (incluso, variable según la constitución y condición particular del cadáver).
Y la segunda, al haberse podido conservar el cuarto cadáver bajo condiciones climáticas (secas/frías), sin una afectación externa -bacteriana- contundente en razón del mismo clima; con un lento proceso interno de descomposición. Descubriéndose este cadáver en “un estado reciente de muerte”.
Al parecer esta fue la hipótesis preliminar de la forense Gabriel, y corroborada por el director del Instituto de Investigaciones Forenses. La facultad que habilita al cumplimiento de la labor forense emana del artículo 75 de la Ley1970 (Código de Procedimiento Penal) y del título IV de la Ley 2175 (Ley Orgánica del Ministerio Público).
“Artículo 82º. Funciones. El Instituto de Investigaciones Forenses, tendrá las siguientes funciones:
1. Practicar los análisis y exámenes científico técnicos de laboratorio y realizar las investigaciones forenses que sean solicitadas por el fiscal y/o encomendadas por orden judicial…”
La fiscalía orureña encomendó una orden para que se desarrollara la investigación. Que, nuevamente sea dicho, la jurisdicción estuvo supeditada (por tanto el suceso investigativo) a las condiciones de los ajusticiadores y la necesidad funeral de las familias. Las particularidades de este hecho luctuoso demandaban que se procediera de esa manera.
-Inclusive a las dolientes familias se las tuvo que obligar, por los comunarios, a un desistimiento de enjuiciamiento en su contra a cambio de la entrega de los cadáveres.-
Que la posibilidad de que uno de los cuatro policías haya respirado durante el letargo y la injustificada inoperancia del Gobierno, no va a desaparecer de la conciencia del pueblo más aun de la familia doliente. Un relevamiento preliminar que sin dudas perturba al Gobierno.
“…se ha podido establecer preliminarmente que (las muertes de) tres de las víctimas tienen una data aproximada de unos diez días según los signos que se han encontrado, y uno de ellos sería de una data de muerte relativamente reciente, de aproximadamente tres días”.**
Es esta notoria diferencia en los cuatro cadáveres la que conduce a sospechar las motivaciones de la repentina distribución de tres cadáveres en una zona y el cuarto en una distinta. Descartando de que el cuarto cadáver haya sido refrigerado por los comunarios hasta el día de su hallazgo. Surge la más tentativa de todas las sospechas, el que se haya mantenido vivo al cuarto policía aproximadamente entre el periodo de la negociación y la entrega del total de cadáveres.
Esta hipótesis podría refugiarse en el supuesto de que los comunarios poseían al cuarto policía en sostenida tortura hasta su muerte (traumático), podría el policía haber sobrevivido más tiempo las lesiones infringidas que el resto (fortuito), o finalmente haber sido mantenido vivo como elemento para una eventual negociación de “pliego petitorio” con la comunidad (resignación).
De la forma en que se hayan sucedido los hechos…la comunidad ajustició mortalmente a los cuatro policías, decidió en cabildo declarar la libre transitabilidad de los vehículos ”chutos” en la zona, desgració a las familias enlutadas, conmociono a un pueblo entero y acobardó a las autoridades de gobierno exigidas a restituir el orden social con el uso legal de la fuerza.
Pero el dolor, la muerte, no son suficientes para el servidor público.
El Ministro de Gobierno finalizaba su entrevista denunciando “con pruebas” que tanto el abogado*** de las familias en luto como el Director del Instituto Forense que había (preliminarmente) considerado el informe de necropsia, estaban vinculados uno con “neo liberales” y el segundo con vejámenes del pasado. Sumándole a eso el “ataque” ocurrido al inmueble de la hermana del Presidente en Oruro días después de los eventos de Uncía, como supuesta represalia –de la Derecha, de ciertos sectores de interés- a la incapacidad del gobierno.
No! Aquí el repudio, en la forma manifiesta que fuere es totalmente legítimo porque nadie le obstruyó ni le ordenó al Gobierno que fracasaran. Al precio de cuatro vidas y el sufrimiento de todo un pueblo.
La intención de desacreditar -políticamente- los antecedentes procesales y la búsqueda de responsabilidades por la muerte de cuatro bolivianos a causa de la indiscutible omisión del gobierno es tan evidente como para constituirse en prueba de descargo del juicio -legal, moral e histórico- que las familias en desgracia le van a instaurar al Gobierno.
Muertes que consternan a un país…y por las cuales el mismo pueblo en el sepelio de sus caídos clamaba la quema de la Wiphala y arremetía con improperios racistas contra los campesinos de la zona. A esas instancias de provocación se ha llegado.
Ojala y por respeto a los muertos se evite minimizar esa reacción de indignación, y se prescinda de culpar a los tan desgastados “enemigos del proceso de cambio” como incitadores -políticos- de ese sufrimiento humano.
Y ojalá que no eviten con un viaje más (Sudáfrica) que el Presidente Morales empiece a asumir los conflictos que lo reclaman; ya se ha vuelto una maña que el Presidente se "ausente" en tiempos de conflicto y permita que el interinato entorpezca la solución.
Pensarán con ello resguardar el poco prestigio o imagen que le resta al Presidente? Que más podría perder...
A estas alturas consuela creer en que,
“Los muertos no mienten”
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*http://www.eldeber.com.bo/2010/2010-06-08/vernotaahora.php?id=100607233050
**http://www.laprensa.com.bo/noticias/05-06-10/noticias.php?nota=05_06_10_segu3.php
***Johnny Castelú pecó de asistir legalmente a Leopoldo Fernández en virtud del ejercicio libre de la abogacía; Antonio Torres Balanza, acusado temerariamente por el Ministro LLorenti de haber torturado a algunos miembros del Ejecutivo masista en el pasado.
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