Mientras el servidor público Evo Morales afirma estar “(…) convencido de que el narcotráfico más bien es el mejor negocio para Estados Unidos. Cuando le conviene usa el narcotráfico solamente para intervenir” (Página Siete, 15/09/2012), transcurre el cuarto año en el que la Administración Plurinacional sigue sin convencer a Washington sobre su “lucha contra el narcotráfico”.
Sin la DEA evidentemente “no es
lo mismo”, y sobre todo para el pujante narcotráfico.
Son 4 años de consecutivos
aplazos. Es decir que en un año más el Gobierno norteamericano le hará “capota”
-en términos futbolinescos- a los descertificados plurinacionales. ¿Y acaso
entonces dirán, citando al Papirri, “cinco cero, chico bolas…”, vuelta-denuevo?
Seguramente que el reniego
plurinacional se acentúa después de haber sido oficializado el rechazo al
pedido de extradición de Sánchez de Lozada. Que dicho sea de paso, resulta ser
el segundo intento internacional, tras que en 2011 anunciarán la posibilidad de
pedir a EEUU la extradición de René Sanabria (El Mundo, 23/09/2011), ex jefe de
inteligencia bajo responsabilidad del ex Ministro de Gobierno Sacha LLorenti
(actual embajador ante la ONU, vinculado en el caso Sanabria según testimonio
del propio Sanabria, y sospechosamente desestimado del caso Chaparina/Masacre
Indígena).
El oficialismo alude esta nueva
descertificación no por “injusta”, sino por lo importante que ésta le resulta
ser. Ya que -entre otras razones- la imagen del Gobierno plurinacional se
ve afectada, sobre todo a la hora de contratar millonarios créditos y otras
caridades internacionales.
La Administración Plurinacional
no puede darse cuenta que la expulsión de Philip Goldberg, la expulsión de la
DEA (USAID aun “pisa fuerte” mientras desembolse dólares), son inútiles si
Washington les sigue certificando o descertificando. Pues -en estricto sensu-
la certificación o descertificación norteamericana comporta ser una clara
medida de injerencia sobre la política interna, al respecto de cómo “lucha” o
deja de “luchar” el Gobierno plurinacional contra el narcotráfico, caso
contrario no les debería “mover el piso”.
En la misma línea, no menos
deleznable fue la simbólica denuncia e intento de re-adhesión (con una
reserva fuera de plazo) a la Convención de 1961 sobre estupefacientes que
prohíbe el masticado de la hoja de coca e impone medidas de fiscalización y
erradicación sobre los arbustos de coca y las hojas de coca. ¿Acaso por ello
los acullicantes dejaron de acullicar la hoja de coca o la dejaron de cultivar?
El Gobierno bien pudo denunciar
dicha Convención y, sin tener que someterse a la imposición de sus políticas
formalmente, evitar re-adherirla con reserva o sin ella, ya que de todas formas
la incumple y lo seguirá haciendo.
Los plurinacionales son
discordantes al lamentarse que sin apoyo en dinero (con recortes del
presupuesto para la supuesta “lucha”), “luchando solos y pobres”, no pueden
satisfacer los parámetros para la certificación norteamericana. Empero, en un
intento de contraste y justificación de su desamparada “lucha” afirman tener
“resultados en cifras”, aunque no los esperados, “resultados” al fin…
Con esta reacción ante la
descertificación, se comprueba una vez más que la Administración Plurinacional
depende del pulgar de aprobación o des aprobación de su temido “Imperio” ¿Acaso
desarrollaron el Síndrome de Estocolmo, razón por la cual no pueden
despojarse de la certificación “gringa” que aún los mantiene cautivos?
La plurinacional necesidad por
ser certificados evidencia: 1) Su perturbación (como Gobierno) por "el qué
dirá" Washington de ellos; 2) Que existen (como Gobierno) en
función de la percepción del ojo ajeno, esforzándose por congraciarse o ganarse
la voluntad; 3) Permiten la injerencia o la imposición de políticas, creyendo
así poder ser certificados quizás en algún futuro.
Los plurinacionales, sobre todo
desde el destape de los narco-vínculos del ex jefe de inteligencia René
Sanabria (dependiente del entonces Ministro de Gobierno Sacha Llorenti), tienen
una extensa "cola de paja".
Finalmente. Si bien la
descertificación en este caso es utilizada por el Gobierno para exculparse
mediáticamente por su ineficaz “lucha” contra el narcotráfico, acusando a las
agencias de expedir "informes parcialistas" o "sin moral
alguna", al mismo tiempo reconocen a dichos informes como necesarios y
trascendentes.
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